Vox arrastra al PP en Castilla y León a un gobierno que borra las medidas por la igualdad de mujeres y hombres

El líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, (i) y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sostienen el pacto de Gobierno

Castilla y León es el banco de pruebas de Vox. En esta tierra, el partido de Santiago Abascal consiguió en las elecciones autonómicas el 17,6% de votos, lo que le valió para tener 13 procuradores, la presidencia de la Cortes y cuatro sillones dentro del Gobierno autonómico, entre ellos una vicepresidencia sin competencias como sí tenía Ciudadanos, con el Partido Popular como socio de gabinete. El partido de extrema derecha comenzaba su gestión en las autonomías, un sistema al que Vox quiere poner fin y que el propio candidato, ahora número dos de la Junta, dijo querer enterrar.

La entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León dispara el número y el presupuesto para altos cargos

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Con la llegada de Vox también lo hizo su recetario. La primera cosa que se pudo ver, con los nombramientos, es que el Gobierno de Castilla y León es el menos paritario de todo el país. Ninguna de las 16 autonomías, Ceuta o Melilla tienen menos representación femenina, ya que el Gobierno lo forman nueve hombres y tres mujeres, todas ellas del Partido Popular. Ante esta falta de representación, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró: “Es lo que hay. Son los mejores hombres y mujeres para este Gobierno”.

Contra la violencia de género

Las primeras medidas no han tardado en llegar. El Ejecutivo autonómico ha comprado el discurso de “violencia intrafamiliar” para tapar y excluir a la violencia de género. La muestra es que la Junta ya ha comenzado a tramitar una ley autonómica de violencia intrafamiliar. Vox niega el concepto de violencia de género y repite que esta no tiene género. Sus intenciones son derogar la ley autonómica de violencia machista. La ley continúa vigente, pero el partido se esfuerza en dejarla sin financiación y aquí hay varios ejemplos que se trasladan a las víctimas. En la última comisión de empleo del Diálogo Social, en las ayudas a las empresas por contratar determinados colectivos en riesgo de exclusión, ha desaparecido el epígrafe que bonificaba la contratación de víctimas de violencia de género.

El 21 de julio, el viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, Óscar Villanueva, confirmaba que se suprimirá la línea específica para la contratación de víctimas de violencia de género, que contemplaba 500 euros para las empresas que las incorporaran a sus plantillas. No obstante, indicó que se sustituirá por otra de 1.500 euros para la empleabilidad de todas las mujeres, sin distinguir cuál sea su situación. En declaraciones posteriores, Villanueva aseguraba que si hubiesen ido los sindicatos, “hubiéramos podido escuchar sus propuestas y mejorar lo mejorable”. Por su parte, UGT y CCOO denunciaron que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha suprimido de forma unilateral esta subvención, así que negociación con los agentes sociales, poca.

Otro gesto más de Vox al que ha arrastrado al PP: la formación de Abascal convoca minutos de silencio “por cualquier tipo de violencia”. Ese anuncio lo hacía García-Gallardo tras un nuevo crimen machista. “A partir de ahora, la Junta de Castilla y León recordará a la todas las víctimas de violencia intrafamiliar, sin distinción de género ni de parentesco”, defendió el vicepresidente. Hasta ese momento, las únicas muestra de este tipo eran las de violencia de género. Unas semanas después solo los miembros de Vox repetían el gesto ante un crimen en el que una mujer supuestamente mató a su pareja en el domicilio que compartía en León. Por su parte, el PP se ausentó al no haber claridad en los hechos, aunque sí se sumaron con el asesinato de una mujer a manos de su hijo en Valladolid.

Como informó elDiario.es, Castilla y León es la única comunidad que se ha negado a que Justicia derive a las víctimas de violencia de género a los servicios sociales y servicios especializados de las autonomías, algo de lo que la Junta no ha informado, pero sí el Gobierno de España a través de una nota de prensa. Esta medida permite derivar de una forma “ágil y directa de las víctimas” entre estos servicios. Este protocolo se aplica a la atención, asistencia, protección y derivación de las víctimas de violencia de género y el Ejecutivo decidió no adherirse.

Quitar apoyos a la mujer rural

Otro caso, esta vez con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León como protagonista. García-Gallardo rechazaba las “cuotas de género absurdas y discriminatorias” aplicadas hasta ahora para favorecer la presencia de mujeres en el medio rural y que su propio consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas, defendió durante su comparecencia de legislatura ante las Cortes, en mayo pasado.

Ese 18 de mayo, en su intervención en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de las Cortes de Castilla y León, Dueñas mostró que su intención era “potenciar” ayudas especiales para la incorporación de mujeres a las actividades agrarias y ganaderas. El consejero, en sede parlamentaria, dijo: “No debemos olvidar que, si queremos un desarrollo rural dinámico, nuestra agricultura y ganadería debe ser competitiva y productiva, atractiva para todos, especialmente para los jóvenes y las mujeres”.

Meses después, como ha adelantado la Gaceta de Salamanca, Vox se ha olvidado de sus palabras y dejará de priorizar el acceso de la mujer a ayudas en las líneas en sus consejerías. La primera en verse esta doctrina: la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. El área de Dueñas ha decidido suprimir un punto que priorizaba a las mujeres en la orden de ayudas para garantizar el suministro de agua en explotaciones ganaderas extensivas. Según lo publicado, en las bases de 2017 se priorizaba a la mujer en el caso de que la cuantía de las ayudas solicitadas superaran las disponibilidades presupuestarias.

En el caso de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el partido de Abascal ha explicado a la Gaceta de Salamanca que había líneas de ayudas en las que la gran mayoría de beneficiarias eran agricultoras o ganaderas y consideraban que se dejaba al hombre en desventaja. Sin embargo, era algo que no ocurría en esta línea porque en la orden de 2017 a la mujer se le concedían solo 2 puntos de los 27 totales del baremo. Todo esto se aplica como política de partido y se podrá ver en el resto de carteras que ocupan, es decir: la mencionada Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Comercio y Empleo; y Cultura, Turismo y Deporte.

El mundo rural tiene entre sus principales problemas el desequilibrio entre hombres y mujeres; Vox prefiere obviarlo y revertir desigualdades. Por poner un contexto, un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación alerta de que “la masculinización de la población condiciona el estado civil y el tamaño de los hogares de forma diferenciada según sexo, existiendo mayor soltería masculina y un menor tamaño del núcleo familiar de los hombres. La escasa natalidad obstaculiza el relevo generacional necesario para garantizar el futuro del medio rural. El envejecimiento de la población incrementa las situaciones de convivencia con personas en situación de dependencia en el medio rural, lo que repercute en la carga de trabajo de las personas cuidadoras, por norma general mujeres, disminuyendo sus posibilidades de participación laboral, política o social”.

Asimismo, el documento explica que la mujer en el medio rural “sufre una discriminación salarial de género”, ya que “las mujeres están sobre representadas en los rangos salariales entre los 400€ y los 1.000€ mientras que los hombres lo hacen entre los 1.001€ y los 1.400€”. Además, “las mujeres se concentran por lo general en las posiciones inferiores de la jerarquía laboral, y ocupan puestos de personal no cualificado y personal administrativo” y también “tienden a ocuparse en empleos tradicionalmente femeninos”, lo que en desemboca en que “en el medio rural exista una marcada feminización de la asalarización y una masculinización del empresariado rural” y que las desigualdades observadas entre mujeres y hombres en el mercado laboral se acentúan al incrementar el grado de ruralidad“.

Ante lo hecho público por La Gaceta de Salamanca, el vicepresidente reaccionaba: “Hemos venido a la política a dar la batalla cultural; a desmontar la involución de género promovida por el consenso progre. Vamos a defender una sociedad de mujeres libres e iguales a los hombres. Y vamos a combatir la brecha maternal frente a la inexistente brecha de género”.

El Partido Popular ha permitido las imposiciones de su socio en esta materia y sin que haya una postura clara sobre ello, como si hubiese dos gobiernos totalmente diferentes. La polémica lleva instaurada en la Junta desde el desembarco de Vox en los despachos pero antes, en campaña y en precampaña ya se podía ver los primeros atisbos del carisma del candidato y ahora mano derecha del presidente Mañueco.

Juan García-Gallardo se estrenaba como postulante con polémicas, ya que había publicados tuits contra el feminismo, los inmigrantes, los homosexuales y contra o su partido socio en el Gobierno, el PP. Aunque ya borrados, entre sus mensajes, decía: “Qué ridículo que las mujeres exijan igualdad de trato, cuando lo que quieren es seguir siendo tratadas igual de bien que hasta ahora”. Además, en noviembre de 2020 se preguntó: “¿Educación feminista incluye enseñar a las niñas provenientes del norte de África que el Islam las oprime? ¿O es solo no dejarlas jugar con muñecas y que se dejen las axilas sin depilar?”.

Vox y el derecho al aborto

En sede parlamentaria, el vicepresidente también ha dejado latente su postura sobre la maternidad y el derecho al aborto. El 23 de mayo, en una comisión en las Cortes para presentar su hoja de ruta, García-Gallardo apostaba porque Castilla y León fuese una “región maternal” en la que la mujer fuese de “dadora y portadora de vida” para abordar la “emergencia demográfica” y establecer como “política prioritaria” el “apoyo a la maternidad”. Todo esto sin tener competencias en Familia -y en verdad sin casi funciones-. Asimismo, en la línea de su partido, cargaba contra las leyes de eutanasia y de derecho al aborto a las que tildó como “cultura de la muerte”.

Al día siguiente, el 24 de mayo, García-Gallardo volvía a mostrar su opinión sobre el derecho al aborto. En esa sesión fue un pasó más allá en un intercambio de palabras con la diputada del PSOE Noemí Frutos. El vicepresidente, que según su currículo ha quedado “decimotercero en categoría individual en el Campeonato Mundial de Debate por parejas en 2013”, fue preguntado por unas declaraciones en las había afirmado que no se podía tratar a las mujeres como discapacitadas. La socialista, que es una persona con diversidad funcional, quiso saber cómo hay que tratar a las mujeres con discapacidad. Aquí, el representante de Vox dijo: “No le voy a tratar con condescendencia, y le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás y no como hace su equipo”.

En ese momento, su intervención se tornó en culpar a la “izquierda” de ser los “enemigos de la discapacidad”, de interesarse por “los que han nacido y no en los que no han nacido”, porque son favorables a las “leyes de la muerte”. Así, ha llegado a afirmar que los socialistas “invitan a los padres a triturar en el vientre de las madres a quienes tienen discapacidad” y como ejemplo ha dicho que “hay países de la Unión Europea donde apenas nacen niños con síndrome de Down”. Se ha referido al derecho que defiende el PSOE “de matar niños en el vientre materno” y ha garantizado el derecho de los médicos a objetar.

Su cruzada personal contra el derecho al aborto le ha llevado defender que la Junta de Castilla y León iba a estar “de frente” del anteproyecto de Ley del aborto que tramita actualmente el Gobierno de España y ha apelado a las competencias propias de la Junta, las que ofrece el sistema autonómico que no le gusta, para escudarse en que no se van aplicar en la Comunidad “muchas de las cuestiones” que recoge en este texto. Según el preámbulo la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo: “Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información”.

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