Vox en el Ayuntamiento de Valladolid planteará informar sobre el “síndrome posaborto”

Vox en el Ayuntamiento de Valladolid planteará introducir el “síndrome posaborto” en los centros dependientes del consistorio. La teniente de alcalde, Irene Carvajal (Vox), ha defendido este jueves la necesidad de “amplificar” la información que reciben las mujeres antes de someterse a un aborto, tomando como referencia la proposición aprobada por su grupo y PP en Ayuntamiento de Madrid, para que se informe de los posibles efectos físicos y psicológicos, entre ellos el denominado “síndrome posaborto”.

Esto es un supuesto trastorno sin evidencia científica que explotan con frecuencia los grupos ultracatólicos, en España y fuera, para tumbar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que ahora Vox quiere usar.

En Valladolid, la teniente de alcalde no ha concretado cómo y cuándo van a presentar la iniciativa y solo es un planteamiento. “Tenemos que hablar con el equipo de gobierno y, en todo caso, las competencias en materia sanitaria corresponden a la Junta de Castilla y León, no al Ayuntamiento”, ha remarcado.

Precisamente, este jueves, la Junta de Castilla y León ha asegurado que no está entre sus planes incluir el “síndrome posaborto” —que PP y Vox han 'colado' en el Ayuntamiento de Madrid— dentro de su cartera de servicios dentro del programa de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, su “idea” es “no realizar modificaciones y respetar los derechos vigentes”.

“Ampliar el conocimiento de los posibles efectos”

Para justificar la medida, Carvajal ha apuntado que la propia ley del aborto, que en su artículo 17 recoge la obligación de que los centros médicos entregaran a la paciente información verbal y escrita, y concedieran un plazo de tres días antes de la intervención. “Por lo tanto, todo lo que sea ampliar el conocimiento de los posibles efectos que puede tener una intervención de este tipo no trasgrede la legalidad, al contrario”, ha apostillado.

Preguntada sobre si esa ampliación de información podría convertirse en una forma de presión hacia la mujer, Carvajal lo ha negado: “No creo que un consentimiento completo sea un motivo de coacción. Igual que el notario le lee a usted una escritura, aquí se trata de que la mujer conozca todos los efectos posibles”.

La también concejala de Cultura ha señalado que el Código Civil establece que cualquier consentimiento debe ser pleno y no estar viciado para ser válido, y comparó la situación con la firma de una escritura notarial o de un consentimiento quirúrgico. “Todos hemos firmado consentimientos informados en una intervención médica. Cuanto más completo sea ese consentimiento, menos viciado está y más válido resulta”, ha defendido .

“El único derecho constitucional es el derecho a la vida”

Aunque Carvajal ha optado en defender su postura “como jurista y no como médica”, ha recordado que “no existe un derecho constitucional al aborto”, sino que “el único derecho reconocido es el derecho a la vida”. En este marco, ha apuntado que las mujeres que afrontan una interrupción del embarazo deben tener información completa también sobre las posibles consecuencias psicológicas, un aspecto que, según ha señalado, ha cobrado mayor relevancia social tras la pandemia.

“La salud mental era la hermana apartada de la medicina. Ahora se ha puesto el foco en ella y es lógico que también se contemple en este ámbito, porque las secuelas pueden ser no solo físicas, sino también psicológicas”, ha afirmado.

Respuesta del PP en el Ayuntamiento de Valladolid

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), ha recordado que el consistorio no tiene competencias en materia sanitaria que son las que afectan a lo que reclama Vox. En caso de que su socio de gobierno plantee algún tipo de medida, como “grupo municipal y como equipo de gobierno”, tendrán que valorarlo.