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Ecologistas en Acción denuncia un fraude de ley en la ordenanza de movilidad de Valladolid

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a la nueva Ordenanza municipal de Valladolid que regula el uso de la bicicleta y de la movilidad por carriles especiales de tráfico rodado, al considerar que busca “dar cobertura formal en fraude de ley” al desmantelamiento de los carriles bici del Paseo Isabel la Católica y Avenida de Gijón, así como de los carriles bus-taxi eliminados en noviembre de 2023.

La organización ha solicitado que se supriman de la ordenanza todas las referencias a los carriles bici y bus eliminados entre 2023 y 2025 hasta que se resuelva el recurso de casación pendiente ante el Tribunal Supremo sobre la sentencia que anuló la ordenanza anterior.

Ecologistas en Acción advierte que la nueva ordenanza deroga “sin más” las anteriores normativas de carriles bici y bus-taxi, anuladas por sentencia, con el objetivo de dar cobertura legal al desmantelamiento de infraestructuras de movilidad sostenible mientras se resuelve el recurso judicial.

Carriles bici en aceras y prioridad peatonal

En sus alegaciones, Ecologistas en Acción propone evitar la construcción de nuevos carriles bici sobre aceras, ya que estos generan conflictos con los peatones al permitir que bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal (VMP) circulen a velocidades muy superiores al paso de las personas que caminan, generando situaciones de riesgo.

La organización pide que se garantice que la velocidad máxima en aceras-bici no supere los 10 km/h, con señalización clara, control y vigilancia efectiva de estos límites; así como del máximo de 30 km/h en vías de un solo carril. Además, solicitan que en las aceras-bici se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros entre bicicletas o VMP y personas peatones, del mismo modo que se exige en zonas peatonales. Asimismo, piden aclarar si los VMP pueden circular por zonas peatonales y en qué condiciones, ya que la fórmula “adaptarse a la velocidad de los peatones” resulta, a su juicio, “ambigua y necesita un límite claro y controlado”.

Con estas alegaciones, la organización pretende “garantizar una movilidad equitativa, segura y accesible para todas las personas en Valladolid”, y defiende que “las personas que caminan son las más vulnerables y deben ser protegidas en la ordenanza”, al tiempo que exige que no se utilice la nueva normativa para consolidar la desaparición de carriles bici y bus-taxi mientras se resuelve la situación judicial pendiente.

La Asamblea Ciclista de Valladolid presenta también alegaciones

La Asamblea Ciclista de Valladolid (ASCIVA) ha presentado también alegaciones a la nueva ordenanza y ha denunciado que se trata de una normativa “excesivamente restrictiva, confusa y contradictoria”, que genera “inseguridad entre las personas usuarias y podría derivar en sanciones arbitrarias”.

ASCIVA critica que artículos de la ordenanza repiten normas ya recogidas en la legislación estatal, se contradicen entre sí o introducen conceptos indefinidos como “calle peatonal comercial” o “velocidad anormalmente reducida”, sin explicar su alcance ni aplicación. La organización advierte que esta ambigüedad afecta a la circulación por zonas peatonales.

Otro de los puntos conflictivos señalados por ASCIVA es la imposición de prendas reflectantes durante el horario nocturno, medida que consideran “innecesaria”, ya regulada en el Reglamento General de Circulación, y que generaría dificultades para el funcionamiento de servicios como BIKI o impediría el uso de bicicletas por la noche. Asimismo, la asamblea ciclista denuncia que la ordenanza impone exigencias “inasumibles” a quienes utilizan bicicletas o VMP con fines profesionales o de ocio, medidas que califica de “discriminatorias, legalmente cuestionables y contrarias al fomento de la movilidad sostenible”.