El PSOE acusa a la Junta de Castilla y León de “golpismo fiscal” por el impuesto de Garoña
El Grupo Parlamentario Socialista ha acusado este martes a la Junta de Castilla y León de “golpismo fiscal” por haber creado un impuesto que es “inconstitucional” para gravar la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos. La secretaria general del grupo socialista, Patricia Gómez, y el coordinador de Hacienda, José Francisco Martín han explicado que el PSOE siempre apostó por el cierre, y por gravar la actividad hasta que este se materializase, algo a lo que tanto PP como Ciudadanos se negaron. Fue cuando Nuclenor anunció el cierre cuando la Junta de Castilla y León creó un impuesto por no tener actividad.
Para Gómez la actuación de la Junta es similar a la del “Gobierno separatista” de Catalunya en el procés. La Junta siguió adelante con un puesto a pesar de que tenía informes contrarios, uno de la asesoría jurídica general del Gobierno autonómico y otro del Consejo Consultivo. En ambos, según Gómez se afirmaba que el impuesto era inconstitucional, pero la Junta los ignoró.
También se ha referido a las declaraciones del vicepresidente, portavoz y consejero de la Junta, Francisco Igea, al que ha tildado de “regenerador de playa”, en las que pedía al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez que no recurriese el impuesto. El pasado 2 de agosto el Gobierno acordó en el Consejo de Ministros que Sánchez, presentase un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) a la Junta de Castilla y León, por haber creado el impuesto de sostenibilidad energética.
La Junta se basó el artículo único de la Ley 6/2018 e incluyó una nueva imposición sobre el almacenamiento temporal de residuos radioactivos. Sin embargo, el Ejecutivo ya estableció medidas fiscales para la sostenibilidad energética en otra ley, la 15/2012. De esta manera, el Gobierno central considera que la Junta está incurriendo en una doble imposición, la autonómica y la estatal, sobre la producción de energía nuclear y los residuos radiactivos.
El Consejo de Ministros basó su acuerdo además en la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que no deben gravarse las acciones derivadas de la producción de combustible nuclear gastado dentro de una central y dirigidas a la gestión del residuo ya que la justificación de ese impuesto ya forma parte de los estatales.
“Si para el PP y Ciudadanos los del procés eran unos golpistas aún sin haber sentencia, tienen que reconocer que en el asunto de Garoña la Junta ha actuado de la misma manera que actuó el Gobierno independentista en el procés”, ha afirmado Patricia Gómez.
José Francisco Martín ha recordado que solo el PSOE de Castilla y León quiso establecer un impuesto sobre la energía de Garoña, después de apostar por su cierre. “Tras el anuncio de cierre por parte de Nuclenor, el gobierno bifachito sólo supo reaccionar diciendo que iba a poner en marcha un impuesto y que la recaudación de ese impuesto se iba a invertir en la zona”, ha explicado Martín. El argumento de la Junta era “mentira” porque, según Martín, tanto el PP como Ciudadanos sabían que era imposible.
Martín ha arremetido duramente conta el ya exdirector general de Tributos de la Junta, “un lumbrera” que propuso gravar los residuos de Garoña a pesar de que se le avisó de que ya estaba gravado por el Estado. Curiosamente, Ciudadanos votó en contra del impuesto, por lo que para Martín su cambio de idea es propio de un “regenerador de playa”.
Si finalmente el impuesto de la Junta se declarase inconstitucional, se vería obligada a devolver “con intereses” los 4,8 millones recaudados desde finales de 2018 hasta ahora. El PSOE de Castilla y León amenaza con denunciar a la Junta por prevaricación, ya que contaba con informes que desaconsejaban el gravamen, y por perjuicio patrimonial.
“Nuclenor seguirá ingresando y recurriendo y cuando todo se cierre la Junta tendrá que devolvérselo entero, con intereses, y eso se lo vamos a sacar de la piel a alguno”, ha advertido el procurador.
