La Guàrdia Urbana de Barcelona desaloja a los acampados de Plaza Universitat

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona han desalojado esta madrugada a las últimas personas que permanecían acampadas en la plaza Universitat de la capital catalana y han retirado las tiendas de campaña, vallas y enseres que formaban un campamento en medio de la Gran Vía de la capital catalana.

Decenas de agentes de la Policía Municipal se han personado poco antes de la una de la madrugada en la acampada y han obligado a varias decenas de jóvenes que aún pernoctaban en las tiendas a abandonar el lugar, en una operación que ha durado poco menos de media hora.

Algunos de los acampados han ofrecido cierta resistencia y han lanzado objetos a los agentes, y varios de ellos han llegado a utilizar sus porras para hacer retroceder a los jóvenes hacia las calles que conectan con la plaza. Según testigos presenciales, al menos dos de los acampados habrían sido detenidos por los agentes durante la refriega, aunque estas detenciones no han podido ser confirmadas oficialmente.

Tras el desalojo, los servicios de limpieza del Ayuntamiento han empezado a retirar los restos de la acampada para despejar completamente la zona. La Guàrdia Urbana ha informado sobre las 3.30 de la madrugada de que la circulación rodada en la zona de Gran Vìa y plaza Universitat quedaba normalizada.

Fin a 22 días de acampada

La acampada se había iniciado el pasado 30 de octubre por parte de estudiantes que protestaban por la sentencia del procés, aunque desde hace días varias organizaciones juveniles de partidos y sindicatos estudiantiles habían abandonado la protesta y sólo un reducido grupo de jóvenes había optado por permanecer en la plaza.

Con la iniciativa pedían “parar de forma inmediata la represión contra los miembros de una generación” que había salido a la calle en protesta por las condenas del 1-0 y que se depuraran responsabilidades en los cuerpos policiales.

En un manifiesto, en el que se definían como la 'generación 14 de octubre', explicaban que adoptaban esta medida para exigir responsabilidades a los políticos para garantizar un futuro digno y advertían que no tolerarían “100 años de prisión por ejercer sus derechos”, en referencia a las condenas para los líderes independentistas condenados por el 1-0.

En el texto, además, se lamentaba la “criminalización sin precedentes” por parte del Estado desde la publicación de la sentencia del 1-O y se pedía al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, condenar “la represión y la violencia policial” y sentarse a negociar un referéndum de autodeterminación.