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CATALUNYA

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Salvador Illa, un fontanero discreto y de la máxima confianza de Iceta para dirigir el Ministerio de Sanidad

Si hay un político disciplinado a la hora de acatar pero también de hacer cumplir las órdenes de partido es el actual secretario de Organización del PSC

El acuerdo de gobierno en materia de Sanidad se compromete a eliminar el copago farmacéutico "progresivamente" e incluir el dentista en el Sistema Nacional de Salud

Los ministros del nuevo Gobierno progresista que ya conocemos

Salvador Illa, nuevo ministro de Sanidad

Salvador Illa, nuevo ministro de Sanidad EFE

Pedro Sánchez no ha arriesgado y el PSC tampoco, porque si hay un político disciplinado a la hora de acatar pero también de hacer cumplir las órdenes de partido es Salvador Illa. El actual secretario de Organización de los socialistas catalanes y futuro Ministro de Sanidad es un hombre de la máxima confianza de Miquel Iceta. Él es quien le eligió para poner orden e insuflar ánimos entre los cargos y la militancia socialista en un momento en que, como ironiza a veces Iceta, muchos pronosticaban la desaparición del PSC.

Illa (La Roca del Vallès, 1966) es licenciado en Filosofía y se define a si mismo como alguien aburrido. Le gusta leer, en papel, y si puede escoger prefiere que sea ensayo. Dice que los buenos políticos son lo que estudian y es de los que prefiere no recurrir demasiado de Twitter. 

El nuevo titular de Sanidad fue alcalde de su ciudad pero no un pata negra como los alcaldes metropolitanos de Barcelona. Aun así ha conseguido ganarse el respeto de ellos a base de paciencia y discreción. En la etapa de Jordi Hereu como alcalde de la capital catalana se encargó de reordenar el área económica del Ayuntamiento. Después pasó a ser jefe de gabinete del ahora teniente alcalde, Jaume Collboni, aunque donde más ha crecido políticamente es en la secretaría de organización del partido.

Iceta le escogió para sentarse en la mesa de negociación con ERC. Sabía que si alguien evitaría dar información a los periodistas sería Illa. En público es de los que habla poco pero claro: no es patidario de un referéndum en Catalunya y tampoco es de los que defiende los indultos para los líderes independentistas. Estos últimos días, cuando se le preguntaba si sería ministro, se limitaba a responder con un "no hay nada".

Acabar con el copago e incluir al dentista 

La trayectoria de Illa, que substituye a María Luisa Carcedo en el cargo, no ha estado vinculada a la sanidad. De entrada, su mandato partirá de un acuerdo programático, el que acordaron PSOE y Unidas Podemos el 30 de diciembre, que recogía compromisos como la eliminación "progresiva" del copago farmacéutico que implantó el Partido Popular, "empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad"; el incremento de la financiación para el Sistema Nacional de Salud; "avanzar" en la implementación de un Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria y "actualizar" la Estrategia de Salud Mental; o estudiar las posibles mejoras para las condiciones del personal sanitario.

Sanidad tiene que colaborar también con Igualdad, en manos de Irene Montero, en algunos puntos que estaban dentro de las 'políticas feministas' del documento, como la intención de recuperar el derecho pleno al aborto para las menores de 16 y 17 años. También anunciaron PSOE y UP una medida que, de llevarse a cabo, puede convertirse en estrella: introducir el dentista en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, a través de la elaboración de un plan de Salud Bucodental.

En una entrevista reciente con eldiario.es, su predecesora Carcedo sí descartó que durante esta legislatura se abriese el debate sobre la legalización del cannabis, que en algún momento se ha planteado desde Podemos. "Fumar marihuana es un problema gordísimo con consecuencias para los jóvenes", afirmaba la ahora renovada ministra.

El Ministerio no tendrá que abarcar el retroceso en el que se ha sumido el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. Este verano se batió el récord desde 2012 de personas pendientes de una valoración de su grado de dependencia; también aumentó por primera vez desde 2015 la lista de espera de personas con calificación ‘grave’. Además, las autonomías están asfixiadas: la financiación actual recae en el 80% en las comunidades y el 20% en el Estado, cuando la Ley dicta que debería estar al 50%.

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