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El año negro de los Pujol

Imagen de la familia Pujol-Ferrusola al completo durante los años 80./EFE

Siscu Baiges / João França

En 2014 ha sido un año negro para la familia Pujol y 2015 no se augura mejor. Mientras el 2013 llevó al hijo del ex presidente de la Generalitat que había seguido los caminos del padre en la política, Oriol Pujol, ante el Tribunal Superior de la Justicia de Catalunya por tráfico de influencias, en 2014 otros cinco hermanos, así como Jordi Pujol y Marta Ferrusola, fueron imputados ante la Audiencia Nacional.

El último año pasará a la historia como el de la caída en desgracia del que fue el primer President de la Generalitat después de la dictadura y durante 23 años. Tras confesar, el 25 de julio pasado, que durante 34 años ocultó dinero en el extranjero, ha perdido su condición de “Molt Honorable”, la pensión vitalicia, de viudedad para su esposa, la oficina de trabajo y los tres trabajadores que tenía asignados. Ha disuelto la Fundación Centro de Estudios Jordi Pujol y ha visto como alguien derribaba una estatua suya erigida en un parque de Premià de Dalt, localidad donde la familia tiene algunas residencias.

La imagen de hombre íntegro, preocupado sólo por Catalunya y desinteresado por las cuestiones de dinero también cayó por los suelos aquel 25 de julio. Después de la efervescencia del enfado y la estupefacción iniciales, parece que las aguas bajan más tranquilas. No ayudó a calmarlas, sin embargo, su agresiva comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales, el 26 de septiembre. En 2015 a la familia le esperan diversas comparecencias ante los tribunales y, si no hay adelanto electoral, ante una comisión de investigación en el Parlament de Catalunya.

Jordi Pujol Ferrusola

El primogénito de los Pujol Ferrusola es el que lleva más tiempo en el punto de mira y cuyos negocios acapararon más atención mediática. Ya en 2012 su expareja Victoria Álvarez acusa a la familia Pujol de trasladar dinero a Andorra oculto en bolsas de basura en el maletero del coche de Jordi Pujol Ferrusola. En abril de 2013, se da a conocer la respuesta un informe de la Agencia Tributaria que señala que Pujol Ferrusola movió más de 32 millones de euros en trece países a través de 118 operaciones entre los años 2004 y 2012. Los movimientos tuvieron como salida o destino Suiza, Andorra, Islas Caimán, Luxemburgo, Liechtenstein, Gabón, Croacia, Estados Unidos, Francia, Argentina y Uruguay.

En 2014 llegan las imputaciones. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz pide datos a la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la compra de seis vehículos de alta gama supuestamente realizada por Jordi Pujol Ferrusola e imputa por blanqueo a su exmujer, Mercè Gironés. El 29 de julio, un mes después que Jordi Pujol padre hiciera público que había tenido dinero sin declarar en Andorra, Ruz cita a declarar como imputados por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública a Pujol Ferrusola y Mercè Gironés y cursa una comisión rogatoria a Andorra en la que pide información sobre sus cuentas bancarias.

Interrogado el 15 de septiembre durante cinco horas, Pujol Ferrusola negó que los ingresos investigados respondieran a comisiones y defendió en todo momento que las 17 empresas que le pagaron 8 millones de euros entre 2005 y 2010 lo hicieron a cambio de diferentes trabajos realizados y nunca como mordidas o comisiones. Sin embargo, un informe de la Policía Nacional asegura que los empresarios interrogados no dicen lo mismo. La investigación sigue en marcha.

Oriol Pujol Ferrusola

El hasta entonces diputado y miembro de la dirección de Convergència Oriol Pujol abandonó definitivamente sus cargos en julio, tras 16 meses imputado por soborno y tráfico de influencias en el caso ITV. Se lo acusa de corrupción en la adjudicación de estaciones de inspecciones de vehículos, una mancha que lo aparta de ser uno de los herederos de Artur Mas en la delantera del partido fundado por su padre.

El caso siguió creciendo y en diciembre la Fiscalía Anticorrupción pidió ampliar la imputación de Pujol por un nuevo delito de soborno y por un delito de falsedad documental en una subtrama de deslocalización de multinacionales japonesas. En concreto se le acusa de haber facilitado a un empresario amigo el acceso al president Artur Mas para que intercediera en el negocio. El 26 de enero comparecerá ante el tribunal para prestar declaración una vez más.

Oleguer Pujol Ferrusola

En octubre la policía detuvo a Oleguer Pujol durante el registro simultáneo de varias oficinas y viviendas en Barcelona, Madrid, Valencia y Melilla. El más joven de los hijos del expresident de la Generalitat fue trasladado tras 8 horas de inspección policial a la comisaría de La Verneda para tomarle declaración, a lo que él se negó aduciendo a su derecho a declarar ante el juez. Poco después salió en libertad como imputado por supuestos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Durante el registro fue asimismo detenido su socio Luis Iglesias, yerno de Eduardo Zaplana, que también ha resultado imputado.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional cree que Oleguer, al que consideran el cerebro financiero de los Pujol, es el encargado de manejar la complicada estructura económica de la familia. Los informes policiales aseguran que la empresa que dirige junto a su socio, Drago Capital, gestiona en la península Ibérica los fondos de Drago Real Estate Partner, una firma radicada en el paraíso fiscal de la isla Guernsey. Según lo mismos informes, ambas estarían estrechamente relacionadas con Mare Nostrum Capital, también con sede en la isla de Guernsey. Un laberinto financiero que la policía económica apunta que podría utilizar para ocultar y blanquear dinero procedente de la evasión fiscal.

El matrimonio Pujol Ferrusola, Pere, Marta y Mireia

Algunos analistas políticos interpretaron la confesión de Pujol como una forma de desviar hacia él la atención mediática que se había centrado en sus hijos. Pocos días antes de que su abogado enviara la carta donde explicaba sus razones para confesar ahora lo que había escondido durante 34 años, su esposa y cuatro de sus hijos transfirieron unos cuatro millones de euros de la Banca Privada de Andorra al Banco de Madrid y realizaron declaraciones tributarias complementarias. El Mundo informó de ello de inmediato.

Pero si Jordi Pujol quería apartar sus hijos del foco periodístico, judicial y político, la jugada le ha salido mal. Además de las comparecencias de toda la familia en la Comisión de Investigación del Parlamento, la magistrada que instruye su caso, lo ha imputado a él, a Marta Ferrusola y a tres de los hijos que trasladaron el dinero de Andorra a Madrid: Pere, Marta y Mireia. El cuarto hijo que regularizó dinero andorrano, Oleguer, no ha sido imputado en este caso, porque ya lo está en otro que sigue su curso en la Audiencia Nacional. La juez los investiga por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales.

A raiz de la confesión de Pujol padre, el Parlament creó una comisión que investigará el fondo de aquella autoinculpación. Si bien es cierto que la comisión de investigación ha ampliado su foco y que tratará otros temas aparte de los vinculados a su confesión y a los negocios turbios de su familia. De hecho, la comisión tiene un nombre genérico que lo abarca todo: “Comisión de investigación sobre fraude y evasión fiscales y corrupción política”. Pero, si nada lo detiene, el propio Pujol deberá comparecer el 23 de febrero, el mismo día que lo hagan su esposa y su hijo mayor.

Una semana antes habrá comparecido su cuñado, Francesc Cabana, que, entre otras cosas, deberá explicar cómo es que si los millones que Jordi Pujol tenía en el extranjero eran fruto de la herencia de su padre (así lo explicó el expresident) ni él ni su hermana, Maria Pujol, sabían nada de ellos. Los días 2 y 9 de marzo, deberán presentarse a la comisión los otros seis hijos de la pareja Pujol-Ferrusola: Oleguer, Oriol, Pere, Josep, Marta y Mireia. Y la semana siguiente están citados la ex-mujer de su hijo mayor y su ex-consuegro. Ninguno de ellos puede negarse a hacerlo. Si lo pretende, la carta de convocatoria que les envía el Parlament ya les advierte de que su actitud tendrá “consecuencias jurídicas”.

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