La asamblea de TV3 hará un referéndum para exigir el cese del director de la Corporación
Tras el acuerdo alcanzado en cuanto al ERE entre la dirección y los trabajadores de los medios públicos catalanes, que en TV3 se saldará finalmente con 205 bajas, las aguas vuelven a bajar turbias. La asamblea de trabajadores de la televisión pública, celebrada el 3 de octubre pasado, va a pedir el cese del presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Brauli Duart, por su voluntad de externalizar el trabajo del área de publicidad y por una pequeña reducción prevista en el capítulo 1 del presupuesto, el de personal. En esta línea se ha acordado hacer un referéndum entre la plantilla para exigir la dimisión del máximo directivo de la entidad.
Esta decisión se tomaba pocas horas antes de que el mismo Duart ya avanzara, en una comparecencia en el Parlamento, que de acuerdo con las previsiones presupuestarias y el contrato-programa que rige la radio y la televisión públicas de Cataluña, se deberá recortar el gasto. Concretamente ha mencionado la pequeña reducción en el capítulo 1 del presupuesto. Hay que tener en cuenta que el último ejercicio en el que había un presupuesto formalmente aprobado por las emisoras públicas de la Generalitat es el del 2012 y que para el 2013 se aplicó una reducción de los gastos de personal equivalente a un 18%, según informa el comité de empresa.
Gasto congelado
En el anteproyecto de presupuesto para la CCMA figura una aportación pública de 225 millones para 2014. Sin embargo, entre los sindicatos existe el temor de que esta cifra se mantenga igual para los otros dos años de que consta el contrato-programa. Los trabajadores reunidos en asamblea han interpretado las palabras de Duart como un nuevo ataque a la viabilidad de la televisión pública después de que el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunciara que el próximo año no habría más recortes.
Además, la nueva planificación incluye la privatización del área comercial de TV3, lo que en opinión de los asistentes a la asamblea supondría dejar en manos de un tercero una herramienta vital para el futuro de la televisión pública. Pero es que esta privatización podría suponer la pérdida de al menos 30 puestos de trabajo, si el nuevo comprador no lo asumiera. En este sentido si la privatización saliera adelante habría producido una nueva reducción de personal, esta vez al margen de lo que se acordó en el pasado ERE.
Por todo ello la asamblea instó al comité de empresa a elaborar un plan de movilizaciones que sirva para conseguir unos presupuestos y un contrato-programa que permitan mantener la capacidad productiva interna de la televisión y su viabilidad económica.
