Barcelona amplía un 50% las subvenciones a las cooperativas para resistir a la pandemia

Un antiguo taller de planchistería de 240 metros cuadrados en el pasaje Aragón, en el corazón del Eixample de Barcelona, se prepara para albergar el primer supermercado cooperativo de la ciudad. Se trata de una iniciativa de la cooperativa Foodcoop BCN, que lleva años trabajando en la apertura de un establecimiento de alimentación con la filosofía de los pequeños grupos de consumo que funcionan en algunos barrios y pueblos –los más populares, las cestas de verduras ecológicas– pero a mayor escala. “La intención es tener productos de proximidad y saludables, con sello ecológico pero no solo, porque no todo el mundo se lo puede permitir”, razona la cooperativista e impulsora Laura Bosch. 

A la espera de obtener la licencia para empezar las obras, el supermercado prevé abrir puertas en noviembre de este año. Entre otras particularidades, la cooperativa fomenta que los consumidores sean a su vez socios –ahora son ya 180– para que participen en la toma de decisiones, por ejemplo sobre los productos a vender, y establece que todos ellos deben dedicar al menos tres horas al mes al supermercado. “La idea es que todo el mundo participe en su funcionamiento en tareas de apoyo”, expresa Bosch. Básicamente, pasar a integrar en algunos turnos como dependientes o en el almacén. 

La de este supermercado es una de las numerosas iniciativas que en los últimos años están floreciendo dentro del cooperativismo y la economía social en toda Catalunya. Un dato del Ayuntamiento de Barcelona muestra el momento dulce que vive el sector, al menos hasta la llegada de la pandemia: en la ciudad pasaron de crearse 30 nuevos proyectos al año a entre 80 y 90. La crisis sanitaria, sin embargo, ha resultado también una amenaza para este ecosistema, que engloba a cooperativas y entidades sociales que van desde ámbitos poco afectados por el coronavirus, como el alimentario, hasta otros muy perjudicados, como el hostelero o el cultural.

Plan de choque para el sector

Como respuesta de emergencia, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en verano un plan de choque de 7,5 millones de euros con nuevas líneas de crédito y más ayudas a las entidades y cooperativas. Entre ellas, el aumento de dos líneas de subvenciones, una de las cuales, Enfortim l’Economia Social i Solidària, se abrió el pasado 6 de abril. Esta es 1,2 millones de euros, mientras que la otra, de innovación socioeconómica –dentro del plan Impulsem el que fas– será de 400.000 euros. En conjunto, los 1,6 millones de euros suponen un aumento del 53% respecto de la situación de 2019, anterior a la pandemia. En 2020, el montante global se presupuestó en 1,05 millones pero acabó por encima de los 1,2 millones debido a la inyección de recursos extraordinarios vinculados a la pandemia. 

Álvaro Porro, comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Política Alimentaria, argumenta que el ámbito de la economía social –que suele incluir a cooperativas, fundaciones y entidades del tercer sector– “en momentos de crisis es más resiliente” que las empresas convencionales. Sin ir más lejos, en la crisis de 2008 destruyó menos empleo y se recuperó más rápido del bache. Pero, a su vez, añade Porro, es un universo integrado por no pocas “pequeñas y medianas entidades que tienen muy poco músculo financiero para aguantar una crisis”.

Las subvenciones, sin embargo, no se destinan solo a fortalecer proyectos, sino también a impulsar nuevos. Algo que para Porro también cobra más importancia con la irrupción del coronavirus. En la actualidad, este universo engloba a 4.500 empresas y organizaciones y 60.000 trabajadores en la ciudad. “Se dice mucho que hay que aprovechar esta crisis para cambiar de modelo económico sobre todo para crecer en el ámbito verde o digital, pero también en el social, puesto que esta genera una sociedad más igualitaria y sostenible”, defiende el comisionado. 

Favorecer hubs de cooperativas

En la última edición de ambas línea de ayudas fueron un total de 145 los proyectos que recibieron financiación pública. En el caso de Enfortim, la subvenciones pueden cubrir hasta un 80% del coste de la iniciativa con un tope de 40.000 euros. Este año se prevé financiar 170 projectos. Entre lo que quiere potenciar el consistorio, destacan las iniciativas vinculadas a la digitalización del sector y también las que tienen que ver con la “intercooperación empresarial”. Con ello pretenden favorecer la creación de hubs de cooperativas. Un ejemplo de ello, el más reciente en la ciudad, es La Comunal, un espacio cultural ubicado en el barrio de Sants, en un antiguo recinto industrial, y que alberga en su interior a ocho cooperativas de trabajo. Entre ellas, el medio de comunicación La Directa, la entidad de derechos humanos Irídia, el estudio de arquitectura Lacol, la librería La Ciutat Invisible o el restaurante y sala de conciertos La Deskomunal. 

Desde el actual gobierno municipal de Barcelona, encabezado por Ada Colau, aseguran que durante sus dos mandatos han ido potenciando progresivamente la dinamización de este ámbito de la economía, históricamente menospreciado dentro de las políticas de creación de empleo y empreneduría. Con una mayor financiación de los proyectos, por un lado, pero también con el impulso del Ateneo Cooperativo de Barcelona, Coòpolis, o los servicios de asesoramiento e incubadora de proyectos desde la entidad municipal de fomento del empleo Barcelona Activa. 

Otras ayudas concretas a entidades de este ámbito, al margen de las políticas específicas del departamento de economía social, como son algunos convenios que no pasan por concurso, le han valido al Ejecutivo municipal críticas por parte de partidos como Junts –antes CiU–, que les han acusado de aumentar el dinero público a entidades sociales afines a su línea ideológica o de las que proceden algunos cargos del consistorio, como el del Observatorio DESC. En estos momentos la Fiscalía, tras una denuncia de la asociación Abogados Catalanes por la Constitución –cercana a Ciudadanos–, investiga la adjudicación de 3,4 millones de euros durante varios años a distintas entidades como la PAH, Alianza contra la Pobreza Energética, Ingenieros Sin Fronteras o el propio DESC.

Siempre que le han preguntado por ello, Colau lo ha calificado de “lawfare” (persecución judicial sin fundamento), se ha mostrado convencida de que se archivará y ha recordado que fue Xavier Trias quien durante su mandato empezó a firmar convenios con estas entidades. “Los convenios ya existían antes y, si alguno se ha incrementado, es porque se ha hecho más actividad”, expresa Porro, que pone como ejemplo las políticas contra la pobreza energética y puntualiza además que no son acuerdos que cuelguen del comisionado de Economía Social. Además, añade que las dos líneas de subvenciones que ahora se han ampliado han sido siempre de libre concurrencia y defiende que, por ejemplo, a la hora de elaborar la estrategia de ciudad de Economía Social y Solidaria 2030 el “sintonía” entre partidos ha sido “muy buena”.