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ERC rechaza apoyar a Borràs en su juicio: “Es un caso de mala praxis, no de represión”

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta

Oriol Solé Altimira

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La imagen de independentistas arropándose a las puertas del juzgado no se repetirá con Laura Borràs. ERC ha formalizado su negativa a acompañar a la presidenta de Junts este viernes en el inicio de su juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Entienden los republicanos, al contrario que Borràs, que su caso “es de mala praxis, no de represión” contra el independentismo.

Así se ha expresado este lunes la secretaria general adjunta y portazos de ERC, Marta Vilalta, que ha criticado sin ambages a Borràs. “Es un caso de mala gestión de recursos públicos y no tiene nada que ver con la represión”, ha aseverado Vilalta. Una delegación de Junts sí estará junto a su líder este viernes.

El apoyo del resto de partidos independentistas a Borràs hubiera sido un giro copernicano en su posición, habida cuenta de que ERC y la CUP votaron aplicar el reglamento del Parlament antes del verano y suspenderla como diputada al tener abierto juicio oral por un caso de corrupción. Si sale absuelta, se le devolverá el cargo.

“Desde ERC siempre hemos estado y estaremos muy comprometidos en la lucha contra la corrupción y la ética republicana en la gestión de los entes públicos”, ha aseverado Vilalta, para quien no es necesario enfatizar su “solidaridad” con un caso de “mala praxis”.

Vilalta ha lamentado que su negativa pueda “dificultar algunas relaciones” con Junts, pero ha reivindicado la posición “clara” de ERC. “No podemos permitir que se produzcan casos de corrupción, de mala praxis, o simular que son lo que no son”, ha concluido.

Una vez el Parlament consumó su suspensión en aplicación del reglamento de la Cámara, Borràs llamó “hipócritas” a sus compañeros de Mesa. Al estar suspendida, la expresidenta del Parlament sigue acudiendo a los plenos, al menos a la sesión de control al president, pero los sigue desde la tribuna de autoridades.

La soledad de Borràs se ha evidenciado en los últimos meses, no solo con sus otrora socios independentistas, sino también con sus compañeros de Junts. Varios miembros de su grupo parlamentario le pidieron que se apartara ante los indicios en su contra, en especial los correos electrónicos incriminatorios, cuya obtención por parte de los Mossos cuestiona Borràs.

Además de los correos, los críticos con Borràs alegaban que la credibilidad del partido se veía minada con los mensajes y audios que escribió una vez la causa ya se encontraba bajo investigación requiriendo información sobre los contratos sospechosos y pidiendo que se la avisara si los Mossos volvían a la sede de la ILC. Esos audios fueron aportados por un funcionario imputado, que logró gracias a ese material el archivo del caso.

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad en documento mercantil a Borràs, quien niega haber cometido delito alguno y reivindica su inocencia y que se trata de una causa política contra ella. El juicio empezará este viernes, se retomará el 20 de febrero y terminará el 1 de marzo.

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