La Fiscalía se querella contra Torrent por desobedecer al Constitucional para reprobar a la monarquía

Nueva acción penal de la Fiscalía relacionada con el proceso soberanista. El Ministerio Público se ha querellado contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los otros tres miembros independentistas de la Mesa de la Cámara catalana por un delito de desobediencia al permitir la tramitación y votación de una moción sobre la autodeterminación y otra para reprobar a la monarquía, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

Además de Torrent, el fiscal se ha querellado y ha pedido que se cite como investigados a sus compañeros independentistas en la Mesa en la pasada legislatura, Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC). Una vez recibida la querella, la sala civil y penal del TSJC la ha registrado, según ha informado el alto tribunal catalán, a la espera de resolver sobre su admisión a trámite.

Según la Fiscalía, Torrent y sus compañeros independentistas en la Mesa tramitaron dos resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament y a sabiendas de que el Constitucional se lo había prohibido.

Tras conocer la querella, Torrent ha denunciado que la acción legal es un intento de esconder “prácticas corruptas” que afectan a la monarquía, en referencia a las regularizaciones fiscales del rey emérito. “En el Parlament hemos garantizado que se pueda hablar de todo, y así debe continuar siendo. Por mucho que intenten censurar debates no pueden esconder las prácticas corruptas de la monarquía y que la autodeterminación es un derecho al que no renunciaremos”, ha subrayado Torrent.

La votación cuestionada por la Fiscalía se celebró en noviembre de 2019 en el Parlament, en el pleno de respuesta a la sentencia del procés. Como hizo durante toda la legislatura, Torrent intentó rehuir el choque con los tribunales y adelantó la hora del debate y la votación para esquivar al Constitucional, que decidió suspender la iniciativa mientras la Cámara la debatía. Torrent recibió la notificación de la suspensión y de la advertencia para no tramitar la moción unas horas más tarde de que el pleno la aprobara, por lo que entiende que así evitó incurrir en un delito de desobediencia.

En cualquier caso, la moción de JxCat, ERC y la CUP, que reiteraba la “defensa del derecho a la autodeterminación” y “la reprobación de la monarquía” era de carácter simbólico y no ha conllevado efectos prácticos. No obstante, la Fiscalía General del Estado decidió estudiar si Torrent había desobedecido al permitir votar la iniciativa. La conclusión del Ministerio Público ha sido que sí, y por ello el escenario de la política catalana cuenta con una nueva querella.

En su escrito, los fiscales José Joaquín Pérez de Gregorio y Assumpta Pujol resaltan que el 10 y el 16 de octubre de 2019 el Constitucional notificó personalmente a Torrent y a los miembros de la Mesa sendas providencias en que les notificaba personalmente “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria” que supusiera “ignorar o eludir” la suspensión de la resolución aprobada el 9 de noviembre 2015 por el Parlament sobre el inicio del proceso independentista.

La querella resalta que los querellados desestimaron el 29 de octubre de 2019 las peticiones de reconsideración planteadas por la oposición y tramitaron la resolución con estos dos puntos, que se votaron y aprobaron en el Pleno del Parlament del 26 de noviembre, con una enmienda posterior en que “se rechazaba expresamente” la suspensión acordada por el Constitucional. Y todo ello lo hicieron, según la Fiscalía, “pese a conocer” que el Constitucional había acordado suspender la admisión de esta resolución, de acuerdo con su orden de impedir o paralizar cualquier iniciativa que desarrollara la hoja de ruta independentista fijada el 9 de noviembre de 2015.

De hecho, en julio de 2019 el Parlament ya había aprobado una resolución previa en que se “reiteraba la reprobación de S.M. El Rey”, un texto que fue finalmente anulado por el Constitucional, que ya advirtió entones a Torrent y a los miembros de la Mesa de que debían impedir la tramitación de iniciativas vinculadas a la hoja de ruta del procés. Según la Fiscalía, pese a las “expresas advertencias de ilegalidad” de este punto por parte del secretario general del Parlament, de la oposición de los demás miembros de la Mesa y “a sabiendas” de lo ordenado por el Constitucional, los querellados acordaron admitir a trámite la propuesta el 29 de octubre, desestimaron las peticiones de reconsideración y la incluyeron para el debate y deliberación del pleno del 12 de noviembre de 2019.

La nueva acción legal de la Fiscalía llega cuando Torrent tiene ya pocas opciones de repetir como segunda autoridad de Catalunya. Como ERC ganó las elecciones dentro del bloque independentista, de llegar a un acuerdo con Junts y la CUP le correspondería la presidencia de la Generalitat, mientras que la del Parlament sería para los postconvergentes. Con todo, la presencia de Torrent en el próximo Govern no está descartada.

Mucho más claras las opciones de que la querella termine en juicio y condena por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) habida cuenta de la jurisprudencia que fijó el Tribunal Supremo al condenar a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Así lo recordó el TSJC en su condena por desobediencia del pasado mes de octubre a los excompañeros de la Mesa de Forcadell basándose en la “clarificadora” sentencia del procés del Supremo: “El acto parlamentario que se aparta de su genuina funcionalidad y se convierte en el vehículo para desobedecer lo resuelto por el Tribunal Constitucional no es un acto amparado por el derecho ni que pueda cobijarse bajo la prerrogativa constitucional de inviolabilidad parlamentaria”.