El Govern fía la defensa de la independencia a la resistencia pacífica en la calle
No hay plan B. Carles Puigdemont y sus consellers han dejado de ser el Govern de Catalunya y además saben que a la Fiscalía no le temblará el pulso. Ya estaban imputados por desobediencia, prevaricación y malversación. Ahora se enfrentarán a nuevos cargos y más duras penas de cárcel y han dejado de ser aforados. “Hace semanas que nos estamos preparando para este momento. Ya sabemos que será muy duro”, confesaba un conseller este viernes.
El ya ex gobierno catalán, desde que el Consejo de Ministros ha aprobado su destitución este viernes, reconoce que en las actuales condiciones no se pueden impulsar las estructuras de Estado prometidas para encauzar la independencia. El independentismo fía ahora a la resistencia pacífica en la calle la defensa de las instituciones. La aprobación de la declaración de independencia en el Parlament y la aplicación del artículo 155 ha sumido a Catalunya en un escenario político y social desconocido.
Además de las medidas para cesar al president y todo el Govern, Mariano Rajoy ha anunciado también la disolución del Parlament y unas elecciones autonómicas para el próximo jueves 21 de diciembre. Los partidos independentistas han evitado reaccionar aún como formaciones a la decisión de ir a las urnas lo antes posible. Pero, por fuerza, deberán decidir si se presentan o no y, en general, cómo se posicionan ante estos comicios.
Contra la absoluta excepcionalidad de la situación política, el Govern ha intentado trasladar imagen de normalidad tras la declaración de independencia. Sin embargo, ningún conseller, ni tampoco el president, tiene actos públicos programados para este fin de semana ni el lunes. La voluntad de los miembros del Ejecutivo consultados es seguir en sus puestos. Otros han asumido ya su cese, como es el caso del director de los Mossos, Pere Soler, que ha enviado una carta de despedida al cuerpo de policía catalana asumiendo la aplicación del 155.
Los miembros del Govern saben que, tras su destitución, el Estado no tardará en emprender medidas judiciales. El delito de rebelión, el que conlleva mayor pena de los delitos contra la Constitución, ha sido anunciado por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y, con él, comenzarían a llegar las detenciones.
La defensa de la independencia, declarada en el Parlament y sin ningún apoyo exterior, ya no podrá realizarse desde la Generalitat. Tampoco desde la Cámara catalana que, en la práctica, deja de ser un parlamento soberano con la entrada en vigor del 155. Las entidades independentistas, Assemblea Nacional Catalana, y Òmnium, recuperan un protagonismo aún mayor del que han tenido durante todo este proceso. Aseguran que la respuesta será pacífica y descartan la ocupación de infraestructuras estratégicas como puedan ser los aeropuertos.
En el Parlament, este viernes nadie ha abierto cava. Tras el pleno y el acto con los alcaldes, donde se ha vivido los únicos momentos de celebración, el ambiente distaba de ser eufórico en los corrillos de los diputados y consellers independentistas. Un contenido “ahora a defenderla” era la frase más repetida ante las felicitaciones mutuas por la nueva república. Varios ayuntamientos catalanes han hecho además actos relativos a la bandera, desde descolgar la española, como en Sabadell, Girona o Figueres, hasta cambiar la estalada por la senyera en Vic.
La frialdad institucional ha contrastado con la calle. La declaración de la independencia ha hecho explotar la fiesta en las calles aledañas al Parlament, donde las entidades soberanistas habían convocado concentraciones con pantallas gigantes para seguir el pleno del Parlament. Posteriormente la movilización se ha trasladado a la plaza Sant Jaume, donde se encuentra la sede del Govern de la Generalitat. Es esa calle que este viernes celebraba en la que el independentismo ha depositado todas las esperanzas para defender la república proclamada este viernes.
