Herrira busca apoyos en Catalunya para acabar con las medidas de excepción contra los presos de ETA
En enero del 2011, ETA hacía pública una declaración “de alto el fuego permanente y de carácter general”. Diez meses más tarde, en octubre de 2011, la organización anunciaba, a través de un comunicado enviado a los diarios Gara y Berria, el “cese definitivo de la actividad armada”. Un año y medio después, la sociedad vasca y también el resto del Estado se han apresurado a vivir sin la amenaza de las armas. Todo parece normalizado y, indiscutiblemente, el País Vasco ha dejado de ser noticia. Pero todavía queda una dolorosa resaca después de más de 40 años de conflicto.
Además del sufrimiento de las víctimas, que han perdido a amigos y familiares durante todo este tiempo, quedan todavía algunas leyes que se idearon para castigar a los detenidos de ETA y que provocan que a día de hoy haya personas entre rejas con enfermedades crónicas o con problemas psicológicos gravísimos. “Da la sensación de que el conflicto vasco ya está solucionado, pero la vulneración de los derechos humanos sigue siendo una práctica diaria”, denuncia, Josu Garay, portavoz del colectivo Herrira de acercamiento de presos.
Él y otros miembros de esta asociación, que tiene un año de vida, llegaron ayer a Barcelona y se entrevistarán con representantes de CiU, ERC, ICV y CUP para pedirles que ayuden a hacer presión al Gobierno del Estado para que “deje de lado las medidas de excepción” que se aplican a los presos políticos, sean de ETA o de cualquier otra organización. Garay, en un desayuno con periodistas en el Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y las Naciones (Ciemen), explicó que les propondrán la aprobación de una declaración desde el Parlament o que los partidos con representación en el Congreso hagan alguna petición en favor del fin de estas medidas excepcionales.
Además de visitar Catalunya y buscar su solidaridad, desde Herrira han visitado también Madrid y pasarán por Galicia, Andalucía y el Estado francés. En estas visitas se reúnen también con los movimientos sociales para ver cómo respiran y tratan de explicarles que acabar con estas medidas represivas es un cometido “de ida y vuelta”, ya que los derechos de los presos afectan a toda la sociedad en general, y sobre todo a la disidente.
El caso de Inés del Río
Actualmente hay 613 presos de ETA entre cárceles españolas y francesas. Sólo 8 de ellos están en centros penitenciarios del País Vasco y Navarra, lo que los abertzales llaman Euskal Herria, y el resto están repartidos en diferentes prisiones. Acabar con la dispersión de los internos es una de las reivindicaciones centrales de Herrira, aunque también demandan que se liberen los presos que padecen enfermedades incurables, en total unos 15.
Pero su principal objetivo es poner fin a la doctrina 197/2006. La también como doctrina Parot establece un sistema de cálculo de los beneficios penitenciarios diferente del ordinario, que acaba perjudicando claramente a los presos hasta el punto de que los puede obligar a cumplir hasta 30 años de prisión, que es el máximo que permite la ley.
En julio del 2010, después de estudiar la denuncia de una presa afectada, Inés del Río, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ya sentenció que esta doctrina viola dos artículos de la Convención Europea de los Derechos Humanos y ordenó que la dejaran en libertad. Inés del Río hubiera tenido que salir de la cárcel en 2008, después de pasar 18 años entre rejas, pero en aplicación de la doctrina Parot, está previsto que salga en 2017. El Estado español recurrió la sentencia y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se pronuncie antes de que termine este año. “Sólo dejando de lado las medidas de excepción podrían salir a la calle unos 200 presos”, según Garay.
La sentencia del TEDH sobre Del Río será firme, de modo que en ella está dipositada buena parte de la esperanza que tiene Herrira de conseguir que el proceso de paz dé otro paso adelante, con la anulación de las medidas de excepción. El objetivo de Herrira en esta ruta por todo el territorio es que cuando llegue la sentencia, buena parte de la sociedad española esté mentalizada de que el tratamiento de los presos, en este caso políticos, afecta a toda la sociedad.
