Inquilinos y activistas ocupan las oficinas en Barcelona de Vandor, una Socimi que convierte viviendas en 'colivings'

Medio centenar de personas han ocupado este viernes la sede de la Socimi Vandor en Barcelona, propiedad del fondo de inversión británico Patron SL, en protesta por la compra de 14 bloques de la ciudad –con 193 pisos– que en los últimos ocho años han sido transformados en colivings gestionados por la empresa Cotown. “Seguiré luchando para que sean ellos quienes se vayan, yo no me iré de mi casa”, ha dicho Rosario Castelló, la única inquilina que sigue en el bloque de la calle Entença 69, en el barrio de l’Esquerra de l’Eixample.

El resto de viviendas del edificio han ido transformándose en colivings desde 2019. La mujer, de 63 años, convive ahora con decenas de chicos y chicas jóvenes, en su mayoría norteamericanos, que vienen a estudiar a Barcelona durante unos tres meses. “Vienen a pasárselo bien, y eso es comprensible, pero hacen mucho ruido y ensucian las zonas comunes del edificio”, lamenta. 

En otro de los bloques en el barrio de Les Corts, Kheira Nahal, de 65 años, continúa con otras tres familias que se niegan a aceptar la compensación ofrecida; los otros seis pisos ya se han convertido en coliving. “Por 30.000 euros no dejo el piso donde llevo 30 años”, afirma. Por su parte, Joan —nombre ficticio—, vecino de otra finca afectada en Sant Gervasi, denuncia que los colivings multiplican de cinco a diez veces el precio que pagaba el antiguo inquilino. “A este ritmo, no quedará ningún vecino en Barcelona”, lamenta. 

Esta es la tercera vez que algunas de las familias de los bloques afectados, junto con activistas del Sindicat de Llogateres, entran a las oficinas de Cotown en protesta. Reclaman principalmente la renovación de los contratos de alquiler, que se han ido paralizando a medida que la inmobiliaria adquiría las fincas. Desde el Sindicat advierten que Vandor está “incumpliendo las órdenes administrativas del Ayuntamiento de Barcelona, que obligan a revertir las obras ilegales y garantizar que las viviendas mantengan su uso residencial”.

Este viernes, además, el Sindicat ha presentado una denuncia ante la Agència Catalana de Consum contra Vandor por anunciar habitaciones a un precio superior al que establece la ley aprobada hace un mes por el Parlament de Catalunya. La normativa indica que la suma de lo que pagan todas las habitaciones no puede superar el precio máximo que tendría el piso si se alquilara entero, que en este caso equivaldría al importe que pagaba el antiguo inquilino. Sin embargo, señalan que los precios por habitación en la empresa Cotown pueden llegar a los 900 euros, lo que supera el límite establecido.

Durante el acto, los inquilinos han pedido varias veces sentarse a negociar con la inmobiliaria para intentar llegar a un acuerdo. Pero al igual que las otras tres veces donde lo han intentado, tanto la CEO de Cotown, Vanesa Esteban, como el representante legal de Vandor, Francesc Puiggalí, se han opuesto a ello. “La voluntad de negociación la tenemos, pero individualmente”, ha afirmado Esteban.

Por su parte, Puiggalí ha condenado el acto alegando que los manifestantes le estaban “intimidando” y haciendo “mobbing” en su “propia casa”. Ha reiterado lo dicho por Esteban y ha pedido a las personas abandonar el edificio y “dejar de hacer el numerito”. Sin embargo, tanto los inquilinos como los activistas del Sindicat de Llogateres han permanecido, sin causar altercados, en la entrada del inmueble sosteniendo pancartas.

El próximo febrero se votará una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que permitirá blindar la regulación catalana frente a los intentos de la oposición de recurrirla ante el Constitucional. La reforma incluirá también una prórroga de tres años en los contratos de alquiler, lo que aseguran, desde el Sindicat de Llogateres, que “protegerá a los inquilinos de los fondos buitre frente a futuras expulsiones”.