En Catalunya no hay salida buena, pero siempre puede haber una peor. En esas están los partidos, los gobiernos y las empresas mientras buena parte de los ciudadanos, entre atónitos y agotados, esperamos a ver cuál será la próxima sorpresa que entre todos nos tienen preparada.
El president Puigdemont prometió que llevaría el país a las puertas de la independencia. Tal como están las cosas ya puede decir que ha cumplido con su palabra. Pero eso no significa que Catalunya pueda separarse ahora del resto de España. Primero porque el secesionismo no dispone todavía de la mayoría en las urnas, por más que se maquille el resultado del plebiscito del 27-S, ni puede dar como jurídicamente válido el del 1 de octubre, como reconocen incluso los observadores internacionales que participaron en la jornada. Y si aún así quisiese seguir adelante debería construir unas estructuras de Estado a partir de una Generalitat y un Parlament anulados de facto.
Frente a este panorama es más que comprensible que haya quien dentro del independentismo se plantee que entrar en una zona de abismo, económica y social, es un peligro que ningún responsable gubernamental debería asumir. Es la opinión que defienden desde el expresident Mas al conseller Santi Vila o el titular de Justicia y dirigente de ERC, Carles Mundó, partidarios de abrir la vía electoral como solución menos mala. Una renuncia a tiempo no es una traición y posiblemente es una decisión más valiente que la de llevar el país a un trauma sin precedentes.
Sin reconocimiento internacional y sin disponer todavía de una mayoría social, situar Catalunya en un limbo (eso en el mejor de los casos) una declaración a la brava no parece la salida más inteligente. Y lo que no es seguro es una buena solución para un país que pretende seguir siendo referente en ámbitos como el farmacéutico, las nuevas tecnologías o el turismo de negocios vinculado a Fira de Barcelona.
Porque para irresponsables ya están quienes han diseñado un artículo 155 a medida para arrasar con el autogobierno de Catalunya, para intentar ganar en los despachos lo que en las urnas no han conseguido nunca. Pretenden lograr, cueste lo que cueste, en tiempo y esfuerzos, que a base de miedo y si hace falta de más porras, los independentistas dejen de serlo. Incluso aspiran a que aquellos que sin ser independentistas consideran que la Generalitat no es una gestoría y que el Parlament debe preservar su soberanía se alineen con su causa. Otro error de cálculo.
La estrategia de Mariano Rajoy, alentada por editoriales de cabeceras editadas en Madrid, y bendecida por Pedro Sánchez y Albert Rivera (con un entusiasmo que da que pensar), persigue la máxima humillación del independentismo. Es una táctica testosterónica que solo puede tener un efecto contraproducente entre aquellos que también están en el cuanto peor mejor. Por eso es importante que los estrategas del procés midan bien sus próximos pasos. Con cabeza fría y calculando bien los riesgos de proclamar una independencia que solo conllevará más tensión y quien sabe si violencia (ahora ya está claro que eran policías y guardias civiles que vinieron para quedarse).
Al Gobierno ya no le vale con que Puigdemont convoque las elecciones. Quiere más, quiere la humillación del independentismo y cambiar la manera de pensar de más de la mitad de la población, aquella que vota partidos secesionistas pero también la que se alinea con los 'comuns' y no aceptan que la solución sea devolver Catalunya a un tiempo pretérito y que por suerte muchos ya no vivimos. Pero la resistencia que se plantee desde Catalunya debe ser la más amplia posible, tanto política como socialmente.
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