La suma de Catalunya Caixa, Caixa Manresa y Caixa Tarragona dio pie el año 2010 a la creación de Catalunya Banc (no confundir con CaixaBank, antiguamente La Caixa). La entidad recibió 13.221 millones de euros de dinero público para su supervivencia, de los que solo ha devuelto hasta hoy 300 millones, pese a declarar beneficios desde 2013. Dos meses atrás la entidad fue comprada por el BBVA, sin que figurase entre las condiciones de la venta regulada por el gobierno el retorno del dinero público recibido. Ahora el BVVA anuncia que piensa prescindir de 2.000 empleados de Catalunya Banc (46% de la plantilla) y rebajar el sueldo a los subsistentes.
El rescate del sistema financiero mediante cifras astronómicas de dinero público se ha producido en el mismo momento que los severos recortes a los servicios públicos básicos y al estallido de los reiterados casos de corrupción. Todos los miembros del consejo de administración de Catalunya Banc, encabezados por el presidente de la entidad Narcís Serra y el director general Joan Todó, fueron imputados de administración desleal por la justicia el año 2013, tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, sobre la base de los incrementos desmesurados de sueldo que se habían autoadjudicado mientras la entidad recibía dinero público para evitar la quiebra. El caso sigue pendiente de juicio.
La pregunta más que pertinente es de qué han servido el dinero de los contribuyentes dedicados por el gobierno a los rescates bancarios, aparte de reforzar el oligopolio de los seis grandes bancos (Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankia y Popular). Desde el 2008 han pasado de tener una cuota de mercado en el crédito del 46% al 67% actualmente. Prevén alcanzar el 90%, después de la desaparición de medio centenar de entidades, 12.000 sucursales y 65.000 puestos de trabajo.
El sector bancario no se ha visto penalizado por el comportamiento irresponsable o corrupto durante la burbuja financiera e inmobiliaria, sin entrar ahora en la cuestión lacerante de los desahucios hipotecarios. Se ha visto recompensado con el dinero de los contribuyentes (107.913 millones de euros en el conjunto de España, según informe reciente del Tribunal de Cuentas), restado de los servicios sociales recortados.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Parlament de Catalunya en mayo de 2012, con los votos de CiU y PP, obliga a satisfacer en primer lugar los compromisos de la Generalitat con los bancos y, si le queda dinero, los demás contraídos con el resto de mortales, con los ciudadanos.
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