Un régimen que fusila “por maricón” a un poeta como Federico García Lorca puede gobernar durante cuarenta años, pero la historia no lo ha absuelto. Otro régimen posterior que no se preocupa de saber en qué fosa común se encuentra el cuerpo de García Lorca (y de más de 100.000 republicanos a lo largo del país) puede gobernar cuarenta años más, pero encarna a una democracia de vergüenza. En diciembre de 2009 la Junta de Andalucía decidió abandonar la búsqueda de la fosa de García Lorca, tras dos meses de excavaciones infructuosas en el paraje de Alfacar (Granada). Ahora financia otro sondeo arqueológico con el mismo fin en el Peñón Colorado, sobre la carretera entre Víznar y Granada, con participación de expertos de distintas universidades.
El grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas envió en julio de 2014 al gobierno español una informe durísimo tras visitar el país para indagar sobre la situación de las víctimas del franquismo. Daba al gobierno un plazo de 90 días para presentar un plan de cumplimiento de las 42 recomendaciones del informe alrededor de una “política de Estado permanente para dar verdad y justicia a las víctimas”, de acuerdo con el derecho internacional y la declaración sobre desapariciones forzadas que España ratificó el año 2010. El organismo de la ONU requería que el gobierno crease “una entidad estatal dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros” para elaborar una base de datos central sobre desaparecidos del franquismo y un “plan nacional de búsqueda”. El actual gobierno eliminó partidas presupuestarias destinadas a financiar la localización de fosas de fusilados por parte de las asociaciones de familiares.
El mismo mes de julio de 2014 el director del Equipo Argentino de Arqueologia Forense, Luis Fondebrider, pionero en la identificación de víctimas de la dictadura militar argentina, declaraba en Barcelona: “España es un caso único, hay muy pocos países que no hayan hecho nada para identificar a sus víctimas tras un conflicto. España es el segundo país del mundo, después de Camboya, con más fosas comunes por abrir” (La Vanguardia, 8-7-2014).
El anterior gobierno socialista elaboró en 2010 un mapa de 1.821 fosas de fusilados del franquismo (240 en Cataluña, más otro centenar localizado posteriormente), elaborado con datos de las comunidades autónomas y las asociaciones de familiares, sin contar las 550 fosas y 5.277 víctimas ya exhumadas hasta entonces. Calculaba que la cifra de estos desaparecidos superaba las 100.000 personas. La práctica totalidad de aquellas 1.821 fosas reconocidas siguen pendientes de explorar y dignificar, incluida la de García Lorca.
La monumental biografía de Ian Gibson sobre García Lorca se equivocó en lo referente a la localización que indicaba de la fosa donde fue enterrado por sus verdugos, junto a otros fusilados en agosto del 1936 alrededor de Granada. Es posible que la investigación llevada a cabo sobre el terreno por el hispanista francés Claude Couffon, publicada el 19 de agosto de 1951 en Le Figaro Littéraire y en el libro de 1962 A Grenade, sur les pas de García Lorca (traducción castellana en Ed. Losada 1967) sobre aquella ejecución se acercase más a la localización de la fosa, pero la larga trayectoria de Couffon no ha tenido la misma promoción editorial que Gibson. La biografía escrita por Gibson todavía se reeditó en 2011, pero la fosa de García Lorca y la de más de 100.000 fusilados sigue sin saberse dónde está.
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