Las últimas noticias, cada vez más frecuentes, de derivaciones de pacientes de los hospitales públicos a sociedades privadas con ánimo de lucro, derivaciones ordenadas por el CatSalut y cubiertas con dinero público, como los casos del Hospital Clínic y otros grandes hospitales de Barcelona que envían a sus pacientes al Sagrat Cor (multinacional privada de negocio), nos obliga a analizar por qué ocurre esto. O las recientemente publicadas en Catalunya Plural del Hospital Parc Taulí de Sabadell que deriva pacientes a la Clínica del Vallés y al Hospital General de Cataluña (del mismo grupo de negocio, IDCsalud).
Los recortes en el sistema público de salud llevadas a cabo por los gobiernos de Catalunya y España estos últimos cinco años han comportado precariedad laboral por el personal del sector, cierres de servicios, camas, quirófanos y disminución de profesionales. Disminuir así la capacidad y la calidad de los servicios públicos, con listas de espera de todo tipo que han crecido, colapsos en los servicios de urgencias y obsolescencia o disminución de material y aparatos, ha servido de excusa para que el CatSalut ordene que los pacientes que no caben en el sistema público sin ánimo de lucro, lo que ha sido recortado, sean “derivados” para operarse (o hacerse pruebas) a hospitales privados que hacen negocio. Hospitales que son concertados, porque son pagados con dinero público, precisamente el dinero que a los demás les recortan. Si este dinero sirvieran para abrir de nuevo los servicios cerrados no sería necesario gastar ese dinero para repartir beneficios a accionistas privados. Pero, aparte de este razonamiento de sentido común, ¿qué más nos hace decir que el cien por cien del dinero público debe ir a los servicios públicos sin lucro? Es decir decir, ¿por qué no queremos ser derivados a estos centros privados?
Porque no tengo por que perder mi médico, mi enfermera y mi hospital, que ya me han visitado, diagnosticado y hecho las indicaciones quirúrgicas. Profesionales que tal vez ya me han operado alguna vez (de prótesis, cataratas, etc) y a los que tengo confianza y seguridad. Tampoco tengo porque trasladarme a otro municipio debido a la derivación, como se da en algunos casos.
Más motivos: porque puedo perder calidad en la asistencia. Una sociedad privada de negocio, mal pagada por el CatSalut, para ganarse la vida (los accionistas) tiende a rebajar costes y gastos a expensas de pagar peor a sus trabajadores y tener menos ratio de personal, menos tecnología y servicios de apoyo, sus compras de material sanitario, prótesis más baratas, no están sometidas a las condiciones de concursos públicos y se puede dar el caso de que quieran ahorrar también en calidad (recordemos el reciente caso descubierto de prótesis de la empresa Traiber).
Por otro lado, si se dan complicaciones en algún caso de intervención derivada (infecciones, parálisis, trombosis, mal resultado clínico, etc) la empresa privada dirá que ella sólo ha cobrado para hacer el procedimiento estándar y el paciente deberá volver al su hospital público a seguir tratándose de las complicaciones, lo que puede perjudicar el control de calidad de la privada al no hacerse responsable de sus complicaciones.
Finalmente, una razón más: es una cuestión de derechos, porque la carta de derechos y deberes de los usuarios de la sanidad del Departament de Salut dice:
1.El ciudadano tiene derecho a acceder a una atención sanitaria de calidad en su lugar de residencia ...
2.Derecho a escoger los profesionales y centros sanitarios ...
3.Dreecho a ser atendido en un tiempo adecuado a su condición patológica ...
4.Derecho a conocer el nivel de calidad de los centros sanitarios ...
Muchas de estas razones sirven también para explicar los frecuentes casos de derivaciones desde un mismo hospital público a sus consultas “privadas” (el caso del BarnaClínic, ala privada dentro del hospital público), donde, en estos casos es el paciente quien paga para poder saltar la lista de espera. Esto, además de una falta de ética y mala gestión por parte del centro, es una estafa, ya que este paciente, como yo, ya tenemos pagada la asistencia con nuestro dinero público (de nuestros impuestos) en ese mismo centro, es decir, nos hacen re-pagar (pagar dos veces por el mismo servicio) y por eso decimos que es una estafa. Lo que debe hacer la administración pública es proporcionar este tratamiento, de calidad y en un tiempo razonable dentro del sistema público y sin que derive en negocio.
¿Cuáles serían estos tiempos razonables? aplicando también el sentido común y el criterio profesional, no deberíamos esperar para una visita (no urgente) al médico de cabecera más de 48 horas, para una visita al especialista o por una prueba diagnóstica no más de dos semanas y por una intervención no urgente, según la patología, no más de tres meses.
Este es el sistema sanitario público de calidad, pagado entre todos, que queremos en Catalunya, porque queremos revertir la privatización creciente de la salud, un derecho de la ciudadanía, que por el interés de unos cuantos se quiere convertir en una mercancía.
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