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CATALUNYA

Jordi Sànchez pide al juez que le deje en libertad y promete "respetar" al Constitucional si es president

Los escritos ante el Supremo y el Constitucional de la defensa de Sànchez desvelan que el pleno de investidura está previsto para el 12 de marzo antes de que lo anuncie Torrent

La defensa critica que el Gobierno no respete la presunción de inocencia de Sànchez ni los derechos de los electores "reconocidos en la Constitución" que los ministros "dicen querer preservar"

Advierte a Llarena que si impide salir a Sànchez se asistirá "a un lamentable paso atrás en materia de protección de los derechos cívicos y políticos"

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Sànchez al juez: mensajes de representantes Gobierno no auguraban hechos 1-O

Sànchez declaró ante Llarena que dejaría su escaño si se retomaba la vía unilateral EFE

El exlíder de la ANC y diputado de JxCat Jordi Sànchez, en prisión desde el pasado 16 de octubre, ha pedido al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional su inmediata puesta en libertad después de ser propuesto este lunes como candidato a la presidencia de la Generalitat. En un escrito, el candidato vuelve a aparcar la vía unilateral y destaca su voluntad y la del grupo parlamentario de JxCat de "respetar las decisiones del Tribunal Constitucional aunque no se comparta su contenido".

Que esta nueva etapa no es una promesa vacía se demuestra, a juicio de la defensa de Sànchez, en que  Carles Puigdemont ha renunciado a ser president y ha aupado al exlíder de la ANC como candidato tras el veto a la investidura a distancia que decretó el Constitucional. "Si realmente la voluntad del Sr. Sànchez y de los restantes miembros de su candidatura hubiera sido la de rebelarse violentamente es evidente que en ningún caso se hubiera optado por presentar un candidato alternativo al Sr. Puigdemont a la presidencia del gobierno autonómico", argumenta el escrito de la defensa de Sànchez, que ejerce el penalista Jordi Pina.

El escrito ante el Supremo de la defensa de Sànchez ha desvelado que el pleno de investidura será el 12 de marzo, algo que posteriormente ha comunicado oficialmente el presidente del Parlament, Roger Torrent. En caso de que el juez Llarena no autorice su libertad provisional, la defensa de Sànchez pide al juez que disponga de las medidas necesarias para que el candidato de JxCat "pueda acudir personalmente al debate de investidura en ejercicio de sus derechos fundamentales".

La última petición de libertad de Sànchez fue rechazada por el Supremo el pasado 6 de febrero. En ese último auto, Llarena consideró que persistía el riesgo de reiteración delictiva porque Sánchez había "revalidado" su compromiso con la vía unilateral al resultar elegido diputado de JxCat. Además, el magistrado valoró la ideología independentista de Sànchez como otro de los motivos para mantenerle en prisión.

En su declaración como imputado por rebelión y sedición, Sànchez acató la Constitución y abjuró ante Llarena de la vía unilateral. Es más, el ahora candidato a president prometió que dejaría su escaño si la mayoría independentista la retomaba. En este sentido, el escrito presentado este martes ante el Supremo reitera la "real voluntad" de Sànchez para actuar "políticamente de manera siempre pacífica y respetuosa con la legislación vigente", un posicionamiento que, a nivel político, dificulta que la CUP se mueva de la abstención a Sànchez que anunció el sábado.

Con la abstención de la CUP, que quieren que el nuevo Govern recupere la desobediencia, Sánchez no tiene los votos necesarios para ser investido, pues al no poder delegar su voto Carles Puigdemont y Toni Comín (los diputados que permanecen en Bruselas), Sànchez lograría 64 votos afirmativos por 65 negativos, los de toda la oposición.

El "dilema" de Llarena y el caso Yoldi

En su escrito, el abogado de Sànchez, Jordi Pina, traslada al magistrado Llarena el "dilema" que, a su juicio, tiene el juez instructor con la petición de libertad del candidato a la investidura. Recuerda el escrito la decisión de la Audiencia de Pamplona de permitir en 1987 que el etarra Yoldi saliera de la cárcel para acudir al debate de investidura en el Parlamento de Vitoria, que a criterio de la defensa demostró una "sensibilidad judicial" hacia los derechos políticos.

Tampoco esconde Pina el rechazo que ha mostrado el Gobierno a que Sànchez sea investido, lo que para la defensa demuestra "falta de sensibilidad" por la presunción de inocencia del candidato (que está en prisión provisional en una causa todavía en instrucción, y por lo tanto pendiente de ser procesado y llevado a juicio) y por los derechos políticos de los electores. "Como si tales derechos no estuvieran reconocidos en el texto de la misma Constitución que tales cargos políticos [los ministros] dicen querer preservar", apostilla el escrito.

"Aún siendo la denegación del permiso la decisión que será más aplaudida a corto plazo, con ella asistiríamos a un lamentable paso atrás en materia de protección de los derechos cívicos y políticos, que además situaría a España ante un posible riesgo de condena futura por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", advierte la defensa al juez Llarena.

Al Supremo y al Constitucional

Además del escrito dirigido al juez del Supremo Pablo Llarena, la defensa de Sànchez he pedido al Constitucional la libertad del candidato en base al recurso de amparo que el tribunal de garantías admitió a trámite el pasado 5 de febrero. Asegura la defensa que ha transcurrido el plazo previsto sin que la Fiscalía se haya pronunciado sobre la solicitud de libertad, por lo que el Constitucional debe suspender la prisión provisional.

El letrado Pina recuerda al Constitucional que Sànchez si se le impide acudir a su investidura se estaría causando "un grave daño para la credibilidad, nacional e internacional, de un ordenamiento constitucional que dice estar basado en valores como la democracia, la libertad y el pluralismo político".

Además, según la defensa, ello supondría "una grave alteración, sin precedentes desde luego en el régimen constitucional vigente, de la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos catalanes" en las elecciones del pasado 20 de diciembre, y provocaría "graves e irreparables efectos en el normal funcionamiento institucional de la Generalitat de Catalunya".

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