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CATALUNYA

Jordi Sànchez se pone "a disposición" de los grupos para volver a ser candidato a president

La defensa de Jordi Sànchez advierte al Tribunal Supremo de que debe garantizar sus derechos tras las medidas cautelares de la ONU del viernes

El exlíder de la ANC varía su estrategia tras mostrar su intención de dejar el acta de diputado para intentar salir de la cárcel

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Salir de la cárcel es el objetivo de todos los dirigentes independentistas presos. Si algunos han intentado lograrlo abandonando sus responsabilidades políticas, el diputado de JxCat Jordi Sànchez ha cambiado de opinión y ha decidido mantener su acta de diputado y, si así lo deciden los grupos parlamentarios, volver a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat. "Jordi Sànchez está a disposición de los grupos parlamentarios y del presidente del Parlament", ha afirmado su abogado, Jordi Pina, que visitó a Sànchez el sábado en la prisión de Soto del Real. 

El motivo del cambio de decisión de Sànchez es la resolución del pasado viernes de medidas cautelares que dictaminó el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El Comité instó a España a garantizar los derechos políticos de Jordi Sànchez. La demanda del exlíder de la ANC ante la ONU perdería el sentido si renunciara al acta de diputado, por lo que ha decidido mantener su escaño, en contra de lo que manifestó la semana pasada cuando declaró ante el Supremo. 

Para conseguir que el juez Llarena, tal y como ha reclamado la ONU, proteja los derechos de Sànchez, su defensa, que ejerce el penalista Jordi Pina, ha presentado un escrito este lunes en el que solicita al magistrado que proceda "a la mayor brevedad al restablecimiento de los derechos políticos" del diputado, "incluido su derecho a acceder a la presidencia de la Generalitat de Catalunya".

A criterio de la defensa, esta garantía de los derechos políticos de Sànchez pasa por su puesta inmediata en libertad provisional o , al menos, un permiso para poder acudir a los plenos. Actualmente el candidato a president sigue siendo Jordi Turull, a quien este viernes el juez Llarena mandó de nuevo a prisión provisional. Y JxCat se plantea volver a proponer a Puigdemont. De esta terna de posibles candidatos a president sólo uno puedo ser el que finalmente sea propuesto por el presidente del Parlament, Roger Torrent.

La solicitud ante la ONU

El abogado especialista en derechos humanos y profesor del Graduate Institute de Ginebra, Nico Kirsch, ha explicado que el Comité de Derechos Humanos vela por el cumplimiento del Pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito por 170 países, incluida España. En base al Protocolo facultativo adicional al Pacto, suscrito por España en 1985, el Comité puede recibir quejas de ciudadanos que vean violentados sus derechos en los países que han ratificado el protocolo y dictar medidas que son de obligado cumplimiento.

En el caso de Sànchez, el Comité admitió a trámite la queja de la defensa del diputado de JxCat, antes de entrar en el fondo de la cuestión, ha dictado medidas cautelares pidiendo a España que garantice sus derechos políticos. "No es habitual que se acuerden estas medidas en casos de derechos políticos, y más respecto a un país accidental", ha dicho Kirsch, lo que a su juicio "refleja la preocupación del Comité por los derechos políticos en España respecto a la cuestión catalana".

Kirsch ha explicado que aún es más inhabitual que se dicten cautelares contra un país de la Europa occidental y que si España no las cumple estará violando el Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Con todo, ha puntualizado que no hay sanciones económicas ni tampoco un plazo concreto para cumplirlas, por lo que la afectación es a la reputación internacional de España.

El juez Llarena ya realizó dos ponderaciones sobre los derechos políticos de Sànchez, ambas desfavorables al exlíder de la ANC. Primero le declaró incapacitado para ejercer como diputado al estar preso, por lo que le obligó a delegar a el voto en otro diputado. Y después negó tanto su libertad provisional como un permiso extraordinario para acudir al pleno de investidura ante el peligro de que Sànchez "rompiera inexorablemente la convivencia social, familiar y personal" de los catalanes.

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