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Junqueras pide recusar a la sala del Supremo que juzgará el 1-O por “colisión” ideológica

Oriol Junqueras en una imagen de archivo

Oriol Solé Altimira

Nueva petición de recusación por parte de los líderes independentistas encarcelados a los magistrados del Tribunal Supremo que les juzgarán. El exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva han pedido recusar a la sala que juzgará el 1-O porque sus “valores, creencias e ideología” podrían entrar en “colisión” con los de los procesados y afectar a su imparcialidad, ya que se “someten” a una Constitución que los acusados “quieren cambiar”.

En un escrito, la defensa de ambos dirigentes pide la recusación del presidente de la sala de lo penal del Supremo, Manuel Marchena, encargado de redactar la futura sentencia, así como de los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio Del Moral. Se suman así a Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, que el pasado viernes recusaron a los magistrados por su “proximidad” al juez Pablo Llarena y por ser los mismos que habían admitido a trámite la querella de la Fiscalía el pasado mes de octubre.

En su escrito, el abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, advierte de que no atender los argumentos de la recusación que plantea supondría la “violación y vulneración” de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso público en “plena igualdad” y con “todas las garantías”, el derecho a un “tribunal imparcial” y a un “efectivo recurso”.

“Podrían existir elementos para sospechar que los valores, creencias e ideología de los magistrados integrantes de la sala de enjuiciamiento podrían encontrarse en colisión con los de los procesados hasta el punto de afectar a la imparcialidad de los juzgadores”, argumenta Van den Eynde en su escrito. Al tener la causa del 1-O un “componente político indiscutible”, la defensa señala que la ideología de los juzgadores “podría llegar a suponer una barrera al dictado de una sentencia imparcial”.

Para la defensa, los “ingredientes de la sospecha de imparcialidad” son la existencia de una causa contra políticos independentistas “sometida a enjuiciamiento por unos magistrados que naturalmente se someten a los valores de una Constitución que los procesados quieren cambiar (siempre por vías pacíficas y cauces políticos y bajo la tutela de una democracia no militante como es la española según el TC)”.

Además, alerta que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, ha sido “fuertemente criticado” por su “politización” y “alienta la actividad jurisdiccional con un único norte: la unidad indisoluble la de nación española”. Y alega que el sistema de elección de la cúpula judicial española ha sido criticado internacionalmente por su “permeabilidad” a las decisiones políticas. Además de la “politización general” de la justicia, la causa sobre el 1-O presenta una “politización concreta”, según Van den Eynde.

Además de estos cuatro magistrados, una vez se haya acordado la fecha para el inicio del juicio, es posible que a la sala que enjuiciará el caso se puedan sumar otros dos jueces, tal y como ocurrió en el juicio contra Francesc Homs por el 9-N. En el caso del 1-O, los togados casi con toda probabilidad serán Ana María García Ferrer y Andrés Palomo.

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