Una jueza de Manresa imputa a dos mossos por desobediencia el 1-O y descarta un “exceso” de la Guardia Civil
Carpetazo a la investigación judicial de la intervención de la Guardia Civil el 1-O en la comarca catalana de El Bages (Barcelona). La titular del juzgado de instrucción 2 de Manresa ha rechazado, tal y como pedían varios heridos de las poblaciones de Callús, Castellgalí, Fonollosa y Sant Joan de Vilatorrada, imputar e identificar a varios agentes de la Guardia Civil que intervinieron para impedir la votación.
La jueza sí investigará la actuación el 1-O de otro cuerpo policial. Ha citado como imputados –investigados, según la nueva denominación– por desobediencia a dos agentes de los Mossos d'Esquadra por su pasividad para desarticular el punto de votación que se instaló en el instituto de Sant Joan de Vilatorrada. Ambos agentes han sido citados el próximo 21 de mayo.
Al igual que una docena de juzgados catalanes, la jueza de instrucción de Manresa recibió casi medio centenar de denuncias de heridos el 1-O por la intervención de la Guardia Civil en la comarca de El Bages. De las declaraciones como testigos de los heridos, los informes forenses de las lesiones y los videos aportados a la causa, la jueza concluye que “no se han identificado conductas concretas punibles atribuibles” a agentes del Instituto Armado.
La magistrada rechaza que el 1-O existiera “un exceso policial”, pese a los porrazos, los golpes con el escudo y el arrastre que practicaron los agentes sobre algunos concentrados para desalojar los puntos de votación. Tampoco ve motivos para investigar qué órdenes se dieron a los agentes en la cadena de mando, tal y como pedían los heridos. Lo considera “inoperante”.
Es más, la jueza culpa a los votantes de concentrarse en los colegios tanto el 1-O como todo el fin de semana para “burlar” el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ordenaba a los cuerpos policiales impedir la votación. “La movilización de parte de la población fue en clara contravención e ignorando deliberadamente lo establecido por el Tribunal Constitucional”, sostiene la jueza.
El objetivo de los concentrados, sostiene, era “realizar una votación que estaba fuera del orden constitucional”. “Y no solo eso, sino que muchos de ellos con la finalidad de impedir o limitar la actuación que los agentes de seguridad tenían encomendada no solo por decisión de sus mandos sino en cumplimiento de las resoluciones judiciales”, añade.
En concreto, sobre los votantes de los cuatro pueblos de El Bages, la jueza destaca su “actitud no de resistencia pasiva sino obstativa, debiendo el operativo apartarlas una a una ante una resistencia activa de las mismas”. Sobre el empujón que propinó un agente al alcalde de Callús, uno de los vídeos más virales del 1-O, la jueza descarta investigarlo porque el alcalde “se interpuso” ante la Guardia Civil, “recibiendo un empujón que le hizo caer al suelo”.
Tampoco cree la magistrada de Manresa que los ciudadanos que se concentraron frente a los colegios estuvieran amparados por el derecho de reunión o manifestación porque esta última “no fue debidamente convocada ni autorizada”, y porque “la mayor parte” de los denunciantes admitió “anteponerse al acceso de las fuerzas del orden para impedir el acceso de estas a los lugares de votación entendiendo los mismos que tenían derecho a votar, siendo incierto que ese derecho estuviera contemplado”.
No todos los juzgados que investigan las cargas policiales comparten esta argumentación. Cabe recordar que el juez de Barcelona consideró cuando abrió una investigación por las cargas de la Policía que no era “ilegal ni ilícito que los ciudadanos, convocados por su administración autonómica, se dirigieran a los puntos de votación que se les indicó” a depositar “un papel sin valor legal alguno en una urna”.
Además de Barcelona, jueces de Amposta, Lleida, Vic y Girona mantienen abiertas investigaciones por la actuación policial, aunque solo en Amposta han declarado agentes de la Guardia Civil como imputados. Por el lado de la pasividad de los Mossos, su exmajor, Josep Lluís Trapero, está procesado por sedición en la Audiencia Nacional, y una jueza de Sabadell ha imputado la jefa de la región policial Metropolitana Norte de Barcelona y a su número dos por desobediencia.
