El TC admite el incidente de ejecución por desobediencia contra el Parlament

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este jueves el incidente de ejecución por desobediencia que el Gobierno promovió contra el Parlament de Catalunya por la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

El tribunal de garantías abre así el incidente de ejecución de sus sentencias previsto en la reciente reforma de la Ley Orgánica del TC aunque, según ha informado en una nota, “queda pendiente la resolución” del mismo.

En primer término, lo pedido por el ejecutivo en su escrito era la anulación de la comisión del Parlament por parte del TC, pero la decisión adoptada por el tribunal en el día de hoy no conlleva esa medida.

Fuentes del alto tribunal informaron de que la admisión del incidente no implica que se desaten las medidas coercitivas previstas por la reforma, sino que se van a estudiar y, en su caso, se adoptarán en un auto futuro.

La reforma del Tribunal Constitucional impulsada por el Grupo Popular implica, para un caso como el presente, que se produzca una advertencia a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y a los miembros de esa comisión de que pueden estar cometiendo delito de desobediencia.

El TC, de hecho, ya ha solicitado sus alegaciones y las del fiscal, que ya obran en poder de los magistrados. Si la Moncloa defiende que la creación de la comisión del proceso constituyente es consecuencia directa de la resolución rupturista del 9 de noviembre y, por tanto, implica el incumplimiento de la sentencia del Constitucional, el Parlament la desvincula totalmente de la declaración de inicio del proceso de independencia.

La medidas previstas para que el TC obligue a que se cumplan sus sentencias podrían conllevar también multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución de su fallo, además de las acciones penales que considerase adecuadas el fiscal.

El Gobierno pidió en enero al TC que anule la creación por el Parlamento de Cataluña de la citada comisión, con el argumento de que infringe la reciente sentencia del tribunal de garantías que declaró inconstitucional la declaración independentista.

En ese escrito el abogado del Estado señalaba que la citada comisión es “un acto frontal de desacato y de manifiesto incumplimiento”.

Por eso pedía al TC que “requiera a la señora presidenta del Parlamento de Cataluña y a los miembros de la citada comisión” de que deben abstenerse de esa iniciativa e “impedir” cualquier otra que ignore la sentencia del Constitucional.

Además, el TC debería apercibirles “de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”, pedía el Gobierno.