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CATALUNYA

El Tribunal de Cuentas frena el embargo a los exconsellers al aceptar la fianza de 2,1 millones que pagaron en el Supremo

El ente fiscalizador también acepta que los 28 investigados completen sus fianzas con los 5,8 pagados en la causa del 1-O del juzgado 13 de Barcelona

El Govern en pleno durante la lectura del manifiesto del compromiso con el referéndum

El Govern en pleno durante la lectura del manifiesto del compromiso con el referéndum Govern de la Generalitat

Carles Puigdemont, los exconsellers de su Govern y una docena de altos cargos de la Generalitat no serán embargados. De momento. El Tribunal de Cuentas ha frenado el embargo de bienes de los líderes políticos y cargos independentistas al aceptar las fianzas que los investigados ya habían depositado en dos otras causas judiciales relacionadas con el procés, la del Tribunal Supremo y la que sigue en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O, han informado fuentes conocedoras del caso.

El Tribunal de Cuentas dio el pasado 4 de febrero 15 días a los 28 investigados para abonar una fianza de 4,1 millones de euros, correspondientes al gasto supuestamente originado a las arcas públicas en la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. De no pagar este lunes, se procedería al embargo de bienes y cuentas corrientes. 

Según han indicado fuentes del Tribunal de Cuentas, la instructora de la causa ya ha ordenado que la fianza del Supremo, de 2,1 millones, quede a disposición del ente fiscalizador, y está a la espera de que el juzgado de instrucción 13 de Barcelona responda para hacer lo mismo con los 5,8 millones de euros de fianza que ya pidió a los investigados por el 1-O. La Caja de Solidaridad independentista había recaudado hasta este lunes sóolo 1,6 millones de euros de los 4,1 necesarios pero no serían necesarios con la suma de los dos importes.

La cantidad de dinero público que la Generalitat destinó al referéndum ha suscitado diferencias entre los diferentes actores relacionados con el procés. Mientras que la Fiscalía del Tribunal Supremo elevó la factura a 3,1 millones de euros, la Abogacía del Estado rebajó esta cantidad a 2,9 millones de eurosEl Ministerio de Hacienda, que tenía intervenidas las finanzas catalanas durante los preparativos del 1-O, la redujo a 812.000 euros, de los que el Govern pagó sólo 196.900. Por contra, la Guardia Civil hizo la estimación más elevada y fijó el coste de la votación en 4,6 millones de euros. Los exresponsables del Govern, por su parte, siempre han sostenido que todo se pagó con aportaciones privadas.

A la hora de concretar qué cantidades pagó cada exconseller o exalto cargo, el Tribunal de Cuentas cifra en 3,6 millones las partidas para el 1-O vinculadas a Junqueras por 2,1 las atribuidas a Puigdemont, gastos compartidos con el resto del Govern. Si se dividen por cada exalto cargo implicado el importe de las 13 partidas –anuncios del 1-O en prensa y televisión, el registro de catalanes en el exterior, observadores internacionales, cartelería y papeletas del referéndum– por las que reclama el Tribunal de Cuentas, los más afectados son Junqueras y la exinterventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, procesada en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

En concreto, a Vidal se le reclaman 455.527,48 euros, mientras que a Junqueras 421.887,21. Les siguen el director general de Patrimonio, Francesc Sutrias, a quien el Tribunal de Comptes le pide 369.550,62 euros; el actual diputado de ERC y exsecretario general de la Vicepresidència, Josep Maria Jové, con 290.807,99 euros, los mismos que se solicitan a la directora de servicios de este departamento, Natàlia Garriga.

Respecto a Carles Puigdemont, el Tribunal de Cuentas le reclama 131.079,226 euros, los mismos que a los exconsellers Santi Vila, Meritxell Borràs, Toni Comín, Joaquim Forn, Carles Mundó, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Josep Rull y Meritxell Serret. El ente también pide al exconseller de Exteriores Raül Romeva reintegrar 231.236,41 euros; a la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, 216.758,02 euros; y al exconseller de Presidencia Jordi Turull, 167.595,406 euros.

Por último, al exdirector del Diplocat Albert Royo se le reclaman 127.381,58 euros; al secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, 85.678,795; a la exconsellera Neus Munté 39.384,26; al director general de medios de comunicación, Ignasi Genovès 36.516,18; al secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, 33.640,27; al secretario de comunicación, Antoni Molons 25.112,201; al responsable de difusión institucional, Jaume Mestre, 21.004,015; al secretario de Exteriores, Aleix Villatoro, 9.859,155; al exdelegado del Govern ante la UE, Amadeu Altajaf, 9.859,155; y a la directora de servicios de la conselleria de Políticas Digitales, Teresa Prohias, 2.875,91 euros.

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