ANC y Òmnium lideran la protesta del 21D para evitar altercados mientras la reunión Sánchez-Torra sigue en el aire
Vuelta a los orígenes. Como ya ocurrió al inicio del proceso soberanista, la ANC y Òmnium han decidido ponerse al frente de las manifestaciones convocadas para el próximo 21 de diciembre, en protesta por el Consejo de Ministras que se celebrará en Barcelona. El objetivo esta vez es evitar altercados y choques en la calle, y demostrar que el independentismo es un movimiento pacífico, después de que la pasada semana se sucedieran diferentes convocatorias de varios grupos, algunos de ellos desconocidos. Esas imágenes, en vísperas de la presencia del gabinete de Pedro Sánchez en Catalunya, llevaron a Moncloa a subir el tono con la Generalitat. El Gobierno espera ahora que la jornada transcurra dentro de la “normalidad” a pesar de las protestas y del enorme despliegue policial y confía en que finalmente se produzca un encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra, aunque no ha tenido confirmación del Govern.
La estrategia de la ANC y Òmnium, pactada y avalada por los partidos independentistas, es que las protestas que tendrán lugar en Barcelona sean unitarias, masivas y con un toque festivo, para evitar a toda costa escenas de violencia. Los contactos entre fuerzas se han sucedido desde la semana pasada, y finalmente este lunes los líderes de ambas entidades han hecho una llamada a la calma garantizando “movilizaciones totalmente pacíficas” durante la jornada.
Según han considerado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, las especulaciones de los últimos días sobre una jornada violenta el próximo viernes no tienen razón de ser, en vista del comportamiento del independentismo cada vez que se ha manifestado. En ese sentido han recordado que el 1 de octubre pasado la violencia vino de los cuerpos policiales enviados a Catalunya, por lo que han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que, como ellos, garantice que podrán manifestarse sin altercados.
Esta llamada a la calma no significa que el próximo viernes Barcelona no acabe colapsada. La ANC ha animado a participar en una marcha lenta de automóviles desde primera hora de la mañana, mientras que Òmnium ha convocado un acto político con la idea de un “Consejo de Ministros popular” con todos los sectores independentistas, que celebrarán a poca distancia de la Llotja del Mar, lugar elegido por el Gobierno para reunirse en Barcelona. Además el sindicado Intersindical-CSC ha convocado una huelga de dos horas a la misma hora que el Consejo de Ministras y los estudiantes independentistas también pararán.
Desde el entorno de la izquierda independentista, que engloba a la CUP y a los sindicatos independentistas, pero también en buena medida a los Comités de Defensa de la República (CDR), se han sumado a la iniciativa pacífica impulsando, por la tarde, una marcha que partirá desde Gràcia y en la que también participará Òmnium y la Assemblea. Según explican fuentes conocedoras de los contactos que este mismo lunes aún se producían, los detalles de la manifestación no están cerrados, pero el objetivo compartido es que pueda haber una protesta masiva sin choques violentos en la calle, como ocurrió el 3 de octubre de 2017.
Pedro Sánchez: “Vamos precavidos”
Esta voluntad de rebajar los ánimos no ha sido obstáculo para que partidos y entidades hayan elevado el tono este lunes contra el Gobierno por celebrar una reunión del gabinete en la capital catalana el día que se cumple un año de las elecciones convocadas mediante el 155. Tanto la ANC como Òmnium no han dudado en considerar que el Consejo es una “provocación”, un mensaje del que la semana pasada el Govern parecía desmarcarse pero que este lunes han recogido también ERC y JxCat.
Sin embargo, desde el Ejecutivo enfatizan que hace cuatro meses que Sánchez anunció su intención de celebrar un Consejo de Ministras en Barcelona y que entonces nadie se quejó, sino que el tono se ha elevado a medida que se acercaba la fecha. No obstante, el presidente está convencido de que la reunión irá bien, según ha expresado en una conversación informal con periodistas durante la tradicional copa navideña en Moncloa: “Vamos precavidos”, ha expresado en relación al despliegue policial. De hecho, sostiene que Fernando Grande-Marlaska tiene una “buena relación” con la cúpula de los Mossos d'Escuadra y que habrá coordinación.
No obstante, hay miembros del Ejecutivo que han mostrado su preocupación ante los posible altercados. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lo advirtió en una reunión interna del PSOE, según adelantó Europa Press, y luego manifestó públicamente sus dudas sobre la conveniencia de llevar a Barcelona el Consejo de Ministros, aunque fue rápidamente desautorizado desde Moncloa. Josep Borrell admitió que el 21 de diciembre será la “prueba del algodón” de si a los mossos “les dejan cumplir con su deber” de mantener el orden público.
Sánchez carga en Torra la decisión de reunirse
En el Palau de la Generalitat no se descarta que el president Quim Torra acabe recibiendo a Pedro Sánchez. Después del intercambio de cartas de la semana pasada, este lunes se seguía trabajando para perfilar los detalles del encuentro, negándose el equipo de Torra a revelar detalles del estado de los contactos con la Moncloa.
También el Gobierno asegura que está “trabajando” en el encuentro. Moncloa quiere que sea una reunión bilateral y rechaza cualquier otro formato, como varios miembros de los gabinetes o entre ejecutivos, como pretendía inicialmente la Generalitat.
Sánchez ha dado por hecho que el encuentro acabará produciéndose, pero ha descargado la responsabilidad sobre Torra en caso de que finalmente no se celebre. Para Sánchez, se enmarca en la “normalidad” institucional que le reciba el anfitrión de un territorio al que se desplaza el Consejo de Ministras –como lo hizo en Sevilla y como pretende hacerlo en Extremadura–.
“Espero tener buena interlocución con Torra”, expresa Sánchez, aunque admite que no es el mejor momento para hacerse una foto con el presidente catalán. Aunque no le impondrá “censura previa”, descartará un referéndum y pretende focalizar la conversación “en las cosas que importan a los ciudadanos”. Fuentes de Moncloa aseguran que para la parte independentista de Catalunya su presencia allí puede no gustar, pero que a la otra mitad se le envía un mensaje importante.
Por eso el Gobierno se ha reservado medidas como la aprobación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para demostrar que el “proyecto es el mismo para España que para Catalunya”, según ha expresado el presidente. El Consejo de Ministras también aprobará medidas “simbólicas” en materia de inversiones de infraestructuras, según ha anunciado Sánchez, que no ha querido desvelar cuáles serán aunque deja dentro del “debate presupuestario” el paquete necesario para cumplir con el Estatut.
Sánchez está convencido de que la situación en Catalunya está ahora mejor. “Hace seis meses no hubiera pensado en estos resultados”, explica la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en referencia a la puesta en marcha de las comisiones bilaterales en la que Ejecutivo y Generalitat han llegado a entendimientos en materia de infraestructuras o rebaja de la conflictividad entre administraciones. Batet cree que se puede considerar “moderadamente” un éxito.
Borrell, sin embargo, aseguró que el Gobierno había llegado a pensar que “las cosas habían entrado en una fase que permitía mayor diálogo”, pero que la situación se había vuelto a “encrespar” por parte de la Generalitat. El ministro de Exteriores aseguró que la “política del ibuprofeno” había tenido “poco éxito”.
Sánchez pretendía que su política de apaciguamiento y de distensión en Catalunya serviría para provocar una brecha en el independentismo que le permitiera acercarse a la parte menos radical. Sin embargo, la división no ha tenido ese resultado hacia el Ejecutivo, que no las tiene todas consigo para aprobar su principal ley, los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
Sánchez cree, además, que el conflicto en Catalunya no se va a solucionar en el corto plazo y considera que hasta que no concluya el juicio de procés no se puede poner una propuesta sobre la mesa. Su planteamiento es que son las fuerzas políticas catalanas las que tienen que llegar a un entendimiento que pase por reformar el Estatut, una pantalla que para los independentistas ya forma parte del pasado.
