La Justicia expulsa al Ayuntamiento de Barcelona de la causa de las cargas del 1-O

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau

El Ayuntamiento de Barcelona ha sido expulsado de la acusación popular de la causa que investiga la actuación policial del 1-O en la capital catalana. Así lo ha ordenado la Audiencia de Barcelona, que ha estimado los recursos de la Abogacía del Estado –que defiende a varios agentes investigados– y de la Fiscalía, favorables a dejar fuera del caso al consistorio de Ada Colau.

La Abogacía del Estado pide expulsar al Ayuntamiento de Barcelona de la causa de las cargas del 1-O

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En un auto, al que ha tenido acceso este diario, los cinco magistrados –y no solo un tribunal de tres togados, lo que da cuenta de la relevancia de la decisión– de la sección 3 de la Audiencia de Barcelona corrigen al juez instructor, que sí había avalado la presencia del consistorio en la causa. Lo hacen tras un intenso debate jurídico, en el que ha sido necesario convocar un pleno no jurisdiccional de todas las secciones de la Audiencia de Barcelona ya que hasta ahora existían criterios opuestos a la hora de aceptar la presencia de una administración pública como acusación popular en una causa judicial.

En el nuevo criterio definido por la Audiencia de Barcelona, para que una administración pública puede ejercer la acusación popular será necesaria "una habilitación expresa con rango de ley", sin que, como hasta ahora, pueda aceptarse "la mera conexión entre el delito y el ejercicio de competencias atribuidas al ente público", en este caso delimitadas en la Carta Municipal de Barcelona (CMB).

La Audiencia de Barcelona hace suyo el criterio jurídico favorable a limitar al máximo el ejercicio de la acusación popular para evitar trasladar a los tribunales las disputas políticas, entorpeciendo así las investigaciones y cercenando el derecho a la defensa. Para la sala, la Carta Municipal no es válida como justificación porque "no hace expresa mención a la acción penal, ni siquiera a la posibilidad de accionar ante un proceso judicial, ni de otra naturaleza".

En el caso concreto de la causa del 1-O, los magistrados señalan que la "cobertura" aducida por el juez en la CMB para permitir que el Ayuntamiento fuera acusación supone una "interpretación extensiva" de la norma: el juez instructor avaló la personación del consistorio porque la Carta Muncipal le habilita a "proteger los derechos fundamentales" y a actuar judicialmente en protección de la integridad física de los barceloneses. Esto es "incompatible", sostienen los magistrados, con las restricciones adoptadas por el acuerdo no jurisdiccional de la Audiencia.

El concejal de derechos de ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, ha asegurado que su expulsión es una mala noticia para "los más de 300 vecinos heridos el 1 de octubre". "Si se ha conseguido identificar a 50 agentes y que ocho mandos den explicaciones es gracias al buen trabajo de nuestra acusación popular. El Ayuntamiento ha hecho la función de la Fiscalía", ha denunciado.

Ha criticado además que se haya expulsado al consistorio de esta causa y no a Vox del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo: "Deberíamos preguntarnos cómo puede ser que se normalice la presencia de un partido fascista de extrema derecha y en cambio se expulse a un Ayuntamiento como el de Barcelona, que lo único que persigue con esta causa judicial es el respeto a los derechos humanos".

Y es que el consistorio, como acusación popular, había pedido la imputación de varios agentes que no había solicitado la Fiscalía, además de impulsar, junto a los abogados de los heridos, la investigación sobre la cadena de mando del dispositivo, solicitudes avaladas por el juez y la Audiencia de Barcelona.

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Publicado el
5 de diciembre de 2019 - 17:48 h

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