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La Audiencia de Barcelona ordena que Millet, Montull y el extesorero de Convergència ingresen en prisión antes del 25 de junio

El Supremo confirmó la condena a CDC de 6,6 millones por el saqueo del Palau

Oriol Solé Altimira

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Once años después, el caso Palau se acerca a su fin. La Audiencia de Barcelona ha dado de plazo hasta el próximo 25 de junio para que el expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, su colaborador, Jordi Montull, y el extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Daniel Osàcar, ingresen voluntariamente en prisión por el expolio del auditorio y las comisiones ilegales que cobró el partido nacionalista.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado 30 de abril la sentencia que condenó a 9 años y 8 meses y 7 años y 6 meses de prisión a Fèlix Millet y a Jordi Montull y a cuatro años y tres años y medio de cárcel a Gemma Montull y a Daniel Osàcar por el saqueo de 23 millones de euros que perpetraron al auditorio, de los cuales 6,6 fueron comisiones ilegales que Ferrovial abonó a través del Palau a Convergència a cambio de obras públicas.

Al ser ya firme la sentencia tras el fallo del Supremo, el tribunal encargado de ejecutarla es el que juzgó el caso, esto es, la sección 10 de la Audiencia de Barcelona. En un auto, del que ha sido ponente la magistrada Montserrat Comas d'Argemir, el tribunal rechaza las alegaciones de Osàcar y Montull, que pidieron no ingresar en prisión debido a las enfermedades que padecen así como por el riesgo de contagio del coronavirus en la cárcel.

Sostienen los magistrados que la documentación médica aportada por los dos condenados acredita que están enfermos y con un estado de salud “delicado”, pero no presentan una dolencia “muy grave con padecimientos incurables”, que es la excepción contemplada por la ley para no entrar en prisión. “La atención y seguimiento médico se le proporcionará en el centro penitenciario como se realiza con otras personas ingresadas de avanzada edad y con patologías previas”, agregan los magistrados.

Tampoco acepta el tribunal el argumento de las defensas de que el ingreso en prisión puede suponer un peligro de contagio por el virus: “Los riesgos tampoco desaparecen a los ciudadanos que están en situación de libertad, dados los contagios y fallecimientos que se han producido en la sociedad”.

Lo que sí acuerda el tribunal es alargar el plazo habitual de diez días para que los tres condenados ingresen voluntariamente en prisión debido a su avanzada edad –Millet y Osàcar tienen 84 años y Montull 77–. Los magistrados fijan la fecha límite de su entrada en la cárcel para el 25 de junio, fecha en la que se ha anunciado por el Ministerio de Sanidad la superación de las tres fases sanitarias para reducir al mínimo los contagios de coronavirus.

La Fiscalía Anticorrupción pedía el ingreso en prisión no solo de los tres principales acusados, sino también de Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau, condenada a cuatro años de cárcel, pena rebajada después de que, al igual que su padre, delatara a CDC en el juicio. La sala, no obstante, descarta enviarla a prisión y le da siete días para que se pronuncie sobre “el cumplimiento” de las penas y aclare la forma en que pagará los más de dos millones y medio de euros de responsabilidad a que fue condenada.

Respecto al dinero saqueado, los magistrados ordenan que se ejecute el embargo de las sedes que Convergència puso a disposición del juzgado para pagar los 6,6 millones de euros en comisiones ilegales que la sentencia le obliga a devolver, y encarga a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que gestione esa operación y, en caso necesario, localice otros bienes hasta completar el decomiso.

Para cuando se alcen los plazos judiciales suspendidos por el coronavirus, los magistrados también ordenan cobrar las multas impuestas a los principales condenados del caso y a ejecutar los embargos del patrimonio de Millet y los Montull para intentar recuperar la totalidad de los 23 millones de euros saqueados al Palau por sus antiguos mandamases. Todo ello cuando el próximo 23 de julio se cumplirán once años del registro en el Palau de los Mossos con el que empezó el caso más grave de corrupción hasta la fecha en Catalunya.

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