La decisión de Mas, entre el pacto con el PSC y el adelanto electoral
El president de la Generalitat es el único catalán al que el 9-N le ha servido para conquistar su derecho a decidir. O, más bien, le ha empujado a ejercerlo, porque Artur Mas vuelve a encontrarse ante una importante disyuntiva que debe resolver en las próximas semanas. El líder nacionalista se ha dado de plazo hasta el 25 de noviembre, segundo aniversario del adelanto electoral que le costó 12 diputados, para decidir cómo continuar con la etapa post 10-N, después de que el proceso soberanista haya terminado rompiendo su acuerdo de legislatura con ERC.
Artur Mas ha comenzado con la rueda de contactos con los partidos soberanistas que anunció el pasado martes para decidir qué hacer a continuación. Esta semana ha recibido en su despacho del Parlament al presidente de ERC, Oriol Junqueras, al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a los líderes de ICV-EUiA, Joan Herrera y Joan Mena, al líder de Unió, Ramón Espadaler, y al parlamentario de la CUP, David Fernàndez. Por el momento, Mas tiene sobre la mesa dos opciones. Por un lado, Iceta le ha propuesto un pacto de estabilidad que le permitiría seguir gobernando sin pasar por las urnas. Por el otro, el resto de la oposición le ha invitado a convocar un anticipo electoral, una operación de riesgo para CiU sin una lista conjunta con ERC.
El jueves el PSC ofreció a Mas su apoyo parlamentario para los dos años que quedan de legislatura a cambio de firmar un acuerdo que gira en torno a 4 puntos: política económica, Estado de Bienestar, regeneración y búsqueda de una negociación con el Estado para desencallar el proceso soberanista. “Mas ha escuchado, pero creo que su hoja de ruta no es esta, él está pensando en cuándo le conviene más hacer las elecciones y cómo le conviene llegar a ellas”, aseguró Iceta. Para el president, el punto más conflictivo es el último. Después de dos años de tensión independentista, un acuerdo con el PSC sobre el proceso impediría a Mas capitalizar la ola de entusiasmo levantada el 9-N.
La lista conjunta con ERC es la tabla de salvación que Convergència ha estado esperando desde el comienzo del proceso, pero Esquerra es reacia a facilitársela. Los de Junqueras priman su programa para alcanzar la independencia a los acuerdos preelectorales. ERC presentó el miércoles su hoja de ruta, que propone unas elecciones constituyentes lo antes posible como paso previo a elaborar una Constitución que los catalanes deberían ratificar después mediante referéndum. En los planes de Junqueras no está, por tanto, una candidatura conjunta, sino pactar algún punto del programa con las formaciones independentistas, una posibilidad que también contempla la CUP.
Iniciativa está de acuerdo con el adelanto electoral, pero incide en que no pueden ser una sustición de la consulta. “Somos partidarios de que la legislatura se agote para cambiar las políticas. Las elecciones al Parlament no pueden dilucidar lo que tenemos que dilucidar en una consulta”, aseguró Joan Herrera a la salida de la reunión.
Urgencia por los presupuestos
Al Govern le urge decidir el siguiente paso. Como objetivo a corto plazo el Govern debe pasar los presupuestos de 2015, unas cuentas con especial valor porque de ellas depende que los funcionarios y trabajadores públicos recuperen su salario completo. Como primera muestra de que la ruptura del pacto de legislatura va en serio, ERC se ha negado a dar su apoyo al proyecto del conseller de Economía, Andreu Mas-Colell. Esquerra está dispuesta, en cambio, a aceptarse con una prórroga presupuestaria con las modificaciones oportunas para que los funcionarios recuperern la paga extra.
Tampoco el PSC quiere sentarse a negociar los presupuestos con Mas si eso no va acompañado de un pacto más amplio. Para Iceta es importante que las cuentas de 2015 acaben con los recortes y recuperar algunas tasas, como el impuesto de sucesiones tal como estaba definido en los años del Tripartit, pero eso debería englobarse en un acuerdo mayor que acabe con la apuesta soberanista unilateral del Mas.
El Govern aseguró que presentaría unos presupuestos antes de acabar el año, aunque no fueran aprobados. CiU sostiene que la única forma de devolver la paga a los funcionarios es con unas nuevas cuentas. El de la paga de los trabajadores públicos es el principal argumento esgrimido por Mas para reclamar un pacto puntual al resto de los grupos. Son precisamente los pactos puntuales lo que podría permitir a Mas gobernar hasta el fin de la legislatura, como ya hizo entre 2010 y 2012.
