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CATALUNYA

El exdirector de los Mossos que dimitió en desacuerdo con el 1-O respalda a Trapero y lo desvincula de los acusados

Albert Batlle sitúa a la policía catalana fuera del plan soberanista: "Siempre dije que los Mossos debían cumplir la ley como así ha sido"

El director de los Mossos que dimitió antes del 1-O, en el juicio del procés

Albert Batlle, un histórico de la gestión policial en Catalunya EFE

La incomodidad con la vía unilateral relatada por los exconsellers que abandonaron el Govern a tres meses del 1-O ha vuelto a aparecer en el juicio del procés del Tribunal Supremo. El exdirector general de los Mossos d'Esquadra Albert Batlle, que dimitió en julio de 2017 en desacuerdo con el camino que tomaba la legislatura, ha vinculado su marcha del Govern con un cúmulo de factores, algunos personales pero en especial políticos ante la celebración del referéndum.

“Cómodo no me sentía, sentía incomodidad personal de cómo podían evolucionar las cosas”, ha aseverado, en línea con lo que testificaron este martes los exconsellers moderados del PDeCAT que saltaron del Govern. Más allá de esa explicación política que ya era evidente cuando dimitió –Batlle es un veterano de la gestión policial en Barcelona y en Catalunya tanto en gobiernos convergentes como socialistas, y ahora va de número tres en la lista del PSC al Ayuntamiento de Barcelona–, el exdirector general de la Policía ha realizado una defensa cerrada del major Josep Lluís Trapero.

“El mayor Trapero era muy celoso de su cargo y sus competencias y no habría aceptado ninguna intromisión del poder político”, ha respondido a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. La fiscal ha insistido en preguntar a Batlle sobre Trapero, quien se enfrenta a once años de prisión en la Audiencia Nacional.

El exdirector no ha seguido el guion que quizás tenía previsto la Fiscalía y su alejamiento del Govern no se ha repetido con el major, del que ha loado su profesionalidad. "Siempre dije que los Mossos debían cumplir la ley como así ha sido", ha apostillado, defendiendo así que el cuerpo que dirigía Trapero cumplió con los tribunales, tal y como alega el major.

"En el primer despacho con Trapero le dije: 'Cuando yo haga de policía llámame la atención, igual que yo te la llamaría si hicieras de político'. Siempre nos respetamos  las decisiones que tomábamos entre profesionales", ha aseverado. En este sentido, ha explicado que tanto él como Trapero cumplieron con las órdenes que la Fiscalía les envió en 2015 cuando el Ministerio Público empezó a investigar las estructuras de Estado y el procés.

Pese a que estuvo propuesto por Vox, con su declaración como testigo Batlle ha avalado la línea de defensa del exconseller Forn y de Trapero. Pese a sus discrepancias notorias, exconseller y major coinciden en separar la actuación de la policía de la política, y niegan cualquier tipo de injerencia de la conselleria sobre la prefectura de cara al dispositivo de los Mossos del 1-O.

Unipost y el mosso independentista

El resto de la jornada ha vuelto a centrarse en los encargos para el 1-O que la empresa de mensajería Unipost, donde se incautaron unos 45.000 sobres con notificaciones a los miembros de las mesas el 1-O, habría recibido de la Generalitat. Un exempleado de Unipost, responsable de la oficina del paseo de Sant Joan de Barcelona, ha admitido que entre los trabajadores se conocía que la empresa trabajaría para la Generalitat por el 1-O porque tenían un contrato marco con el Govern para realizar envíos, aunque nunca les llegó una comunicación oficial.

"Era 'vox populi' que íbamos a repartir lo que íbamos a repartir",  ha afirmado el exempleado a preguntas de Vox. También ha censurado la gestión de su empresa, que terminó quebrando, con el 1-O. "Se decía que cómo nos metemos en este lío en la situación en la que estamos", ha indicado, y ha considerado que los envíos para el 1-O "ponían en riesgo a clientes" del resto de España y de Catalunya. Ha añadido que debido a su delicada situación económica, Unipost la "si hubiera tenido que enviar veneno lo hubiera cogido".

Las acusaciones incluyen en la presunta malversación del 1-O cinco facturas de la empresa a la Generalitat por valor de casi un millón de euros, que la administradora concursal que se hizo cargo de la empresa negó que estuvieran pendientes de cobro porque se anularon y no reclama su importe.

“Eso pasó, se anuló la factura y se emitió otra 'proforma', que puedo suponer que fue para un presupuesto, revisión de facturas o anticipo de cobro... Pero ni se cobraron ni se hizo nada”, ha aseverado el exdirector financiero de la empresa, que ha indicado además que lo ocurrido con la Generalitat “nos pasó con muchos otros clientes” debido a la mala situación económica de la empresa.

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