Los cuatro nuevos CDR investigados por terrorismo quedan en libertad al no pedir la Fiscalía ninguna medida cautelar

Los cuatro nuevos activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) han salido este martes de los juzgados igual que entraron: investigados en una causa de la Audiencia Nacional por grupo terrorista, entre otros delitos. Pese a la gravedad de los cargos, la Fiscalía no ha pedido medida cautelar alguna para los investigados, que este lunes han comparecido ante el magistrado Manuel García Castellón.

Según fuentes judiciales, los investigados se han acogido a su derecho a no contestar a las preguntas de la Fiscalía, y a preguntas de su defensa se han limitado a constatar su arraigo en Catalunya para evitar que las acusaciones apreciaran riesgo de fuga y pidieran su ingreso en prisión, tal y como ocurrió el pasado mes de septiembre con los primeros seis detenidos en la operación contra los CDR.

Este lunes han comparecido por videoconferencia desde los juzgados de Sabadell y Mollet del Vallès (Barcelona) cuatro investigados –dos de ellos fueron detenidos y puestos en libertad por la propia Guardia Civil el 23 de septiembre en la operación 'Judas'–, mientras que la declaración de otros dos CDR encausados se ha suspendido hasta el próximo lunes.

A diferencia de la primera etapa del caso, cuando la Fiscalía solicitó prisión provisional y fue acordada por el juez, este lunes el Ministerio Público no ha solicitado ninguna medida cautelar como la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado.

Las nuevas imputaciones provienen del análisis de las llamadas y comunicaciones de los investigados iniciales, que estuvieron en prisión provisional durante tres meses. Además de su supuesta relación con los otros nueve investigados, el magistrado ha ampliado la causa y ha situado como hechos supuestamente delictivos la participación de los activistas en las protestas que siguieron a la sentencia del procés de mediados del pasado octubre.

En concreto, el juez implica al investigado en los “hechos violentos” ocurridos durante la protesta del 14 de octubre que intentó bloquear los accesos al aeropuerto de El Prat, a la del día siguiente frente a la Delegación del Gobierno así como en los “hechos violentos del bloqueo” de la frontera franco-española del mes de noviembre.

Todo ello pese a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuestionó la atribución de grupo terrorista a los investigados por parte del juez, la Fiscalía y la Guardia Civil al no ser el Equipo de Respuesta Táctica que habrían conformado los CDR una organización terrorista conocida previamente a la investigación. En el caso de uno de los investigados los magistrados concluyeron además que que no había “referencias” en él a la existencia de explosivos como la termita “y sí únicamente de sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimientos técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos”.