El Govern catalán asegura que quiere negociar pero que no encuentra respuesta de Rajoy
¿Están los Gobiernos central y de la Generalitat manteniendo reuniones “discretas” y negociando? La respuesta es que depende a quién se le pregunte. El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, fue el primero en asegurar que era así, el pasado domingo, pero en seguida fue rebatido por su compañero de partido, Xavier García Albiol. Al de Badalona le siguió el propio Mariano Rajoy, quien negó estos encuentros el lunes, pero este martes el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, volvía a atizar el fuego asegurando que “le consta” que ha habido contactos entre Rajoy y Puigdemont.
En medio de esta maraña de declaraciones contradictorias, el Govern de la Generalitat ha añadido un “ojalá” en su desmentido de estos encuentros. Según ha explicado la portavoz del Govern, Neus Munté, el Ejecutivo catalán tiene la máxima voluntad de sentarse “a negociar, a dialogar y a escuchar propuestas”, pero no encuentra respuesta por parte del Gobierno español.
“No entendemos que todavía no haya fecha para el encuentro”, ha asegurado Munté sobre la esperada reunión entre Puigdemont y Rajoy, que se consideraba inminente tras la Navidad pero que después se aplazó. “Puedo asegurar que por nuestra parte no hay ningún problema de agenda”, ha descargado responsabilidades la consellera.
Tal y como ya vino a aplacar Puigdemont, la Generalitat sigue considerando que la oferta que anticipa el Gobierno español es poco más que cantos de sirena. “Esta supuesta voluntad no se corresponde con los hechos ni con las actuaciones que han llevado a cabo hasta el momento”, ha considerado la portavoz del Govern, tras recordar que Puigdemont ya presentó ante Rajoy un documento con 46 peticiones en las que, por el momento, no se ha avanzado.
Esta propuesta de 46 apartados es precisamente la base sobre la que giran todas las quinielas sobre la supuesta oferta que Rajoy hará al Govern catalán. Pese a eso, Moncloa dejó zanjado que los únicos ámbitos en los que habría ofertas tendrían que ver con las infraestructuras, la inversión o los servicios sociales que debe financiar el Estado, tales como la dependencia.
Fuera de estas fronteras trazadas por el Gobierno del PP quedan otras peticiones de Puigdemont, como la financiación, la devolución del 0,7% del IRPF social a las comunidades, las tasas judiciales o la conflictividad competencial. Y, por supuesto, el referéndum, que la Generalitat sigue dispuesta a convocar pese a las advertencias del Tribunal Constitucional que este martes han llegado a la Mesa del Parlament y a los miembros del Govern.
“Dicen que nos quieren hablar de dependencia, de financiación o de pensiones… pero hasta ahora no han estado diligentes en ninguna de estos aspectos”, se ha sorprendido Munté, que ha asegurado que “no es ya que no se pueda hablar del referéndum, es que no se ha podido hablar de nada”.
