El independentismo fija la amnistía como respuesta a la sentencia del procés pero no convence a los 'comuns'
Los partidos independentistas han necesitado reducir al mínimo sus posiciones para llegar a un acuerdo sobre la respuesta institucional que darán a las hipotéticas condenas del Tribunal Supremo contra sus líderes encarcelados. Tras meses de discusión, este jueves finalmente los tres grupos se han unido para votar una propuesta de resolución en la que apuestan por reclamar la amnistía una vez haya sentencia, y hacerlo desde la Cámara catalana. Un texto sin apenas florituras para evitar obstaculizar un pacto que, hasta esta semana, ha pendido de un hilo.
JxCat, ERC y la CUP han unido sus votos para sellar la apuesta por la amnistía, el liderazgo parlamentario en la respuesta y, finalmente, para llamar al “ejercicio del derecho de manifestación, libertad de expresión, movilización y protesta, siempre por las vías pacíficas, cívicas y democráticas”. Pese a que la moción era descafeinada –sobre todo si se compara con otras que la mayoría independentista ha sacado adelante este jueves–, el texto no ha conseguido arrastrar a los 'comuns', que se han quedado en la abstención.
La formación que lidera Jéssica Albiach no es de entrada refractaria a la idea de la amnistía, pero ha asegurado en el pleno que no se ha sumado a los independentistas para no cerrarse a otras opciones. Y es que en la formación consideran que, si bien la amnistía es un buen objetivo político de máximos, en el corto plazo deben explorarse fórmulas más prácticas para sacar a los líderes independentistas de prisión. Desde la pasada campaña electoral, En Comú Podem lidera una propuesta de modificación del Código Penal que, según defienden, de aprobarse podría dejar sin efecto las condenas, por el principio de que debe aplicarse la reforma más favorable al reo.
La apuesta por la amnistía, pese a la ausencia de Catalunya En Comú, representa un paso adelante para los independentistas. No solo por la petición que en su momento pueda lanzarse desde el Parlament, que nadie espera que tenga demasiado recorrido, sino, sobre todo, por la campaña por la amnistía que ya preparan organizaciones como Òmnium Cultural y que aspira a ser la reivindicación que vertebre al conjunto de candidaturas del soberanismo en las próximas elecciones generales.
La resolución por la amnistía ha supuesto además cierto deshago para la bancada independentista, después de varios meses de conversaciones estériles entre partidos y entidades partidarias de la secesión. Sin embargo, esta coincidencia casi es puntual ante las diferencias que separan a JxCat, ERC y la CUP sobre los siguientes pasos a dar.
ERC continúa considerando que es un error cerrar la puerta a las elecciones, pese a que la repetición de las generales ha enfriado esta opción, también para los republicanos. Sin embargo, la formación continúa vinculando la viabilidad de la legislatura a unos presupuestos a los que, de momento y pese a la buena disposición de los 'comuns', aún no tienen garantizados los apoyos.
Pero este jueves, mientras los siete detenidos por la Guardia Civil declaraban en la Audiencia Nacional y acababan en prisión provisional acusados de terrorismo, en el Parlament los independentistas intentaban hacer piña. Fruto del momento, finalmente los tres han aprobado de forma inesperada otra resolución, en este caso de la CUP, y ya con fuertes connotaciones secesionistas.
El texto aprobado por el Pleno unifica la lectura sobre los hechos de octubre de hace dos años al considerar, primero, que la votación del 1 de octubre de 2017 constituyó el “ejercicio del derecho de autodeterminación” y, después, que fue imposible materializar la independencia. Ante ello, las tres fuerzas consideran que deben volver a apostar por las “vías de autodeterminación” y reafirman la llamada “resolución de ruptura” de 2016, que declaró el inicio del proceso de desconexión de Catalunya respecto de España.
El bloque independentista también subraya en esa moción la “legitimidad de la desobediencia civil e institucional como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados”. Este párrafo, de carácter teórico, ha tenido su resultado práctico en una moción posterior, impulsada por los partidos del Govern, que respalda a Torra por no retirar la pancarta de apoyo a los presos de la fachada de la Generalitat. Una decisión por la que el president irá a juicio el mes que viene y que ahora pretende rebajar convertida en obediencia al Parlament.
