Las asociaciones judiciales progresistas rechazan la iniciativa del PP de dar un plus a los que ejercen en Catalunya

El Partido Popular quiere que los jueces y fiscales que ejercen en Catalunya cobren un complemento de destino por “circunstancias específicas” similar al que reciben los profesionales que ejercen en el País Vasco y Navarra, donde este plus se fijó como compensación ante la amenaza de ETA. Con esta retribución extra, los miembros de ambas carreras cobrarían 498,70 euros más al mes.

Los populares argumentan que en Catalunya los integrantes del poder judicial están sufriendo situaciones que “inquietan la tranquilidad del desempeño de su labor e incluso su vida privada” y que esa circunstancia requiere un “reflejo legal adecuado”. La medida no convence a a las asociaciones progresistas, que rechazan ese complemento.

En la proposición de ley registrada esta semana en el Congreso, el PP justifica la iniciativa en un supuesto éxodo de jueces y fiscales de Catalunya. Y asegura que su presencia en esa comunidad autónoma “no puede verse minorada por las presiones sociales”. La información oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pone en contexto esta realidad.

En 2017, la plantilla de jueces y magistrados estaba formada en Catalunya por 810 profesionales, de los que se trasladaron fuera de la comunidad un total de 21, apenas el 2,6%. En lo que va de año la cifra sí se ha incrementado hasta los 48, según datos aportados por los populares en su iniciativa.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos, descartó el pasado noviembre que hubiera habido una “desbandada general”, aunque sí admitió que haber recibido varias peticiones de dejar la comunidad. Entre los fiscales la incidencia es todavía menor aunque las asociaciones que defienden la propuesta del PP lo atribuyen a que apenas ha habido plazas disponibles en otros lugares que posibilitaran esos traslados. Las asociaciones coinciden en que en Catalunya hay pocos opositores catalanes para las carreras judicial y fiscal y que muchos de ellos se marchan a sus lugares de origen en cuanto tienen oportunidad.

“Situación de desamparo”

El portavoz en Catalunya de la asociación judicial mayoritaria, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Baró, confía en que el resto de partidos apoyen la iniciativa del PP, que recoge “fielmente” la propuesta aprobada por la APM en su último congreso. “Además de dotar de estabilidad a la carrera, es necesario paliar la situación de desamparo que tenemos los jueces y fiscales en Catalunya y los ataques que hemos sufrido en los últimos meses”, asevera Baró, juez de lo social en Barcelona.

“Era lo que reclamábamos cuando el PP gobernaba”, recuerda Cristina Dexeus, fiscal de Barcelona y presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales. Dexeus coincide con el diagnóstico que hace el PP en su propuesta. “El trabajo se hace igual en Barcelona, Madrid o Soria, pero la situación y las circunstancias en Catalunya no son los mismas: no es agradable llegar a tu lugar de trabajo y ver que están limpiando estiércol de la puerta”, lamenta. “Ahora hay una cierta inquietud y hay interés de más profesionales en marcharse, no se está como se estaba antes. Es incómodo y aquí nos tenemos que abstraer de la situación que hay cuando otras sedes son un remanso de paz”, añade.

La medida también convence a la Asociación Francisco de Vitoria, de tendencia moderada. Su portavoz, Raimundo Prado, considera que en Catalunya sí se dan en la actualidad las “circunstancias específicas” que justifican este complemento retributivo. “Existe un ambiente de tensión que está propiciando que los jueces jóvenes no quieran ir y que los veteranos se quieran marchar”, asegura. Carmen Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI), también defiende que este plus puede ser un incentivo para que jueces y fiscales permanezcan en Catalunya ante una situación “dificultosa”.

Rodríguez carga las tintas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de “no apoyar” a los profesionales de ambas carreras que se sienten en una situación de “desamparo” en esa comunidad. Y pone de ejemplo lo “costoso” que fue su apoyo al juez Pablo Llarena el verano pasado ante la demanda que interpuso contra él en Bélgica el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Aunque el Ministerio de Justicia había rechazado en un primer momento asumir los actos privados que la demanda atribuía al juez, la presión de las asociaciones llevó al Ejecutivo a asumir su defensa a través de un despacho de abogados privado.

Miguel Pallarés, fiscal de la Audiencia Provincial de las Palmas y portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), defiende la medida porque, a su juicio, la situación actual en Catalunya es “preocupante” para jueces y fiscales “desde el punto de vista personal y profesional”. Sin embargo, insiste en que tiene que ser algo con carácter transitorio y que no debe mantenerse sin justificación. “Existe el riesgo de que este tipo de complementos se acaben manteniendo cuando no son necesarios porque son muy difíciles de anular una vez que se han establecido”, advierte.

¿Una medida electoralista?

En contraposición, la portavoz en Catalunya de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJxD), Montserrat Comas d'Argemir, se muestra tajante: “Es mentira y un error mezclar la movilidad de los jueces de Catalunya con el 'procés'”. Para esta magistrada de la Audiencia de Barcelona, la exposición de motivos de la proposición de ley del PP “es una falacia absolutamente electoralista”.

En el mismo sentido se expresa la delegada en Catalunya de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la fiscal del área de Vilanova y la Geltrú y Gavà Virginia García, que ve elementos “propagandísticos y electoralistas” en la propuesta del PP. Baró, de la APM, rechaza que sea una medida electoralista porque existe la “necesidad de adoptarla e insiste en que los jueces no manejan los ”tiempos políticos“.

Para el portavoz de Ágora Judicial, el juez de lo social de Barcelona Xavier Gonzàlez de Rivera, el PP “se inventa y alimenta un relato falso sobre Catalunya como una comunidad en estado constante de tensión y violencia”. Gonzàlez de Rivera, que cobró el complemento cuando estuvo destinado en el Euskadi, considera “una falta de respeto” que el PP equipare el bonus que propone para los togados catalanes con el que vienen recibiendo los destinados en el País Vasco y Navarra debido a la violencia de ETA. “Los compañeros que ejercieron en el País Vasco y Navarra estuvieron en una situación muy dura que no tiene nada que ver con la de Catalunya”, zanja. Comas d'Argemir coincide: “No es equiparable en ningún caso”.

“El PP nos hace un flaco favor al dibujar un escenario en que los jueces son víctimas y no tienen serenidad ni para trabajar ni en su vida privada. Los jueces y juezas podemos tener la misma preocupación por la situación política que un médico o un periodista, pero no he conocido a nadie que diga que se siente interferido en su labor jurisdiccional”, reflexiona Comas d'Argemir.

En lo que va de 'procés', no se han tenido que lamentar agresiones físicas a jueces y fiscales, si bien Arran atacó con pintura amarilla la casa del magistrado Pablo Llarena y en el pueblo donde veraneaba el juez recientemente fallecido Juan Ramírez Sunyer aparecieron pintadas contra él. Además, los CDR han llenado de excrementos y basura la entrada de varias sedes judiciales en los últimos meses.

“Los ataques a las sedes judiciales, igual que a cualquier otro edificio público, son condenables, pero no afectan a la hora de dictar sentencias”, valora Comas d'Argemir. Gonzàlez de Rivera lo compara con situaciones que ha vivido en su juzgado: “Yo he tenido la sala llena de trabajadores que apoyan a compañeros despedidos, incluso las típicas pancartas de 'empresa cerrada patrón colgado', y la labor jurisdiccional la hago igual”.

Tal y como recuerda Comas d'Argemir, Catalunya dispone de solo de 10,7 jueces por cada 100.000 habitantes, lejos de la media española, que es de 12,3 jueces; y la europea, que asciende a 22. En este sentido, Comas d'Argemir y García afean además a los conservadores proponer este cambio legislativo en la oposición cuando no impulsaron desde el Gobierno ninguna medida para aumentar las plazas de jueces y fiscales en Catalunya. “Tanto si creen que es por el 'procés' o por cuestiones históricas, el complemento es una medida que el Gobierno del PP podría haber puesto desde hace mucho tiempo en la mesa de retribuciones, pero no lo hizo”, asevera García.

Una comunidad 'de paso'

En lo que sí están de acuerdo todos los representantes de las asociaciones es que Catalunya ha sido siempre una comunidad 'de paso' para muchos miembros de ambas carreras. Es un problema “inveterado”, en palabras de la fiscal García. Ésto responde a una mezcla de motivos históricos: hay pocos opositores catalanes para las carreras judicial y fiscal por una mayor tradición de la abogacía pero muchas plazas a cubrir, por lo que varios jueces y fiscales de otras comunidades que pasan unos años en Catalunya vuelven a sus lugares de origen en cuanto logran una plaza.

Además, el nivel de vida es más caro que la media española, hay mayor carga de trabajo, es una comunidad periférica geográficamente... Son algunas razones compartidas con Canarias y Baleares, comunidades que también tienen un complemento retributivo. De ahí que Comas d'Argemir y García vean con buenos ojos un complemento retributivo, pero no por los motivos que pide el PP, sino para mitigar la excesiva movilidad de la planta judicial catalana. “Antes del 'procés' ya había una falta de estabilidad que no es deseable, pero por razones que no tienen nada que ver con la situación política. No hay datos objetivos de que los concursos de traslado sean por motivos distintos de los que ya había antes”, indica la magistrada.

Por su lado, Dexeus destaca que el complemento se tendría que haber implantado hace años “porque tanta interinidad es negativa, pero ahora hay la razón de más de la situación política”. Por contra, González de Rivera no ve necesario el complemento y aboga por cambiar el sistema de acceso a la carrera, restando peso, sin eliminar, la memorización de temario, para incentivar que jóvenes catalanes licenciados en Derecho que ahora optan por la abogacía se decanten por opositar.