El Parlament creará un grupo de trabajo para analizar el régimen de aislamiento penitenciario
El caso de Raquel E.F., interna en la prisión de Brians I que se quitó la vida el 11 de abril de 2015 tras denunciar incomunicación continuada y denunciar agresiones de las funcionarias, ha llegado al Parlament de Catalunya. Las entidades en defensa de los derechos humanos han expuesto este lunes ante la comisión de justicia de la Cámara las deficiencias del sistema de aislamiento penitenciario de las cárceles catalanas. Al terminar la comisión, ningún grupo ha rechazado la petición de la CUP para crear un grupo de trabajo parlamentario sobre el aislamiento. El abogado y miembro del centro para la defensa de los derechos humanos Irídia, Andrés García Berrio, ha instado a que sociedad civil y partidos trabajen con “corresponsabilidad”.
El aislamiento es un régimen en el que los presos pasan unas 21 horas encerrados y en soledad, con solo dos horas de patio o actividades, en celdas aisladas en un departamento especial conocido como DERC (Departamento Especial de Régimen Cerrado). García Berrio ha recordado que cerca del 10% de población penitenciaria pasa por el régimen de aislamiento. “No estamos en una situación que afecte a pocas personas”, ha añadido.
Desde la Coordinadora Catalana para la Prevención y Denuncia de la Tortura, Sheila Marín ha instado a los partidos que el grupo de trabajo “incluya a todas las ópticas, no sólo la de la administración”. Por su lado, el diputado del mayor grupo parlamentario, JxSí, Jordi Orobitg, ha valorado que Catalunya “no debería normalizar el incumplimiento de parámetros internacionales” sino que “tendría que sobresalir en la protección de los derechos humanos”.
Tal y como avanzó Catalunya Plural centro Irídia para la defensa de los Derechos Humanos interpuso una reclamación ante la Generalitat para que responda ante el caso de Raquel E.F., una interna de Brians I que se suicidó tras denunciar incomunicación continuada y denunciar agresiones de las funcionarias. La interna pasó en régimen de incomunicación hasta 9 meses, fue atada en varias ocasiones y anunció que pensaba matarse sin que los responsables de prisión cambiaran su situación.
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, en su informe de 2015, recogió 128 situaciones en las que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 232 personas bajo custodia de funcionarios. También les consta, durante el 2015, la muerte de 30 personas mientras se encontraban bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
