Colau descarta por ahora usar los 200 pisos turísticos que anunció hace un mes para colectivos vulnerables

Los 200 pisos turísticos que anunció Ada Colau para dar techo a colectivos vulnerables en Barcelona durante la epidemia de coronavirus están vacíos. O cuando menos no dan cobijo a estos destinatarios. Un mes después de anunciar un acuerdo con la patronal del sector, que por entonces no estaba cerrado, el Ayuntamiento asegura que ya ha abierto suficientes plazas por ahora y que no necesita recurrir a unos apartamentos que le costarían 1.125 euros al mes incluyendo los suministros.

La alcaldesa de la capital catalana anunció esta medida al principio de la epidemia, para que pasaran el confinamiento en estos pisos vacíos colectivos como mujeres víctimas de violencia de género o usuarios del programa Housing First para personas sintecho. Pero de momento no se han activado estos dispositivos. Según fuentes del consistorio, el convenio se planteó también ante la “posibilidad real” de que algunos albergues y pensiones tuviesen que cerrar, cosa que por ahora, añaden, no ha sucedido. “Por esta razón, por ahora no ha sido necesario activar ninguno de los 200 apartamentos reservados, aunque no se descarta en un futuro próximo”, añaden.

El contrato entre el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Barcelona y la patronal del sector, Apartur, no se firmó hasta el pasado 10 de abril. Además de comprometerse a reservar esos 200 apartamentos, en el convenio se fijaba su precio, que según anunció la concejal de Salud, Gemma Tarafa, estaría por debajo del de mercado. Finalmente quedó en 1.800 euros y 450 de suministros para dos meses por cada uno de los pisos. Un precio que no incluía la manutención de las familias.

Preguntado por si el precio sería la razón por la cual no se ha recurrido finalmente a estos apartamentos, el consistorio insiste en que se debe a que en estos momentos no son necesarios. Además de las 2.200 personas en riesgo de exclusión que ya usan los recursos de alojamiento del consistorio, desde el inicio de la epidemia el consistorio barcelonés ha abierto 680 plazas adicionales de alojamientos para personas vulnerables, entre ellas enfermos de COVID-19, drogodependientes o sintecho, como es el caso de los pabellones de Fira de Barcelona. La emergencia ha obligado a multiplicar la actividad de los servicios sociales de la ciudad, que solo en tres semanas han atendido a 24.000 personas (en todo 2019 fueron 90.000) y han doblado las ayudas diarias, de 30.000 euros a entre 60.000 y 65.000.

Desde Apartur aseguran que mantendrán estos pisos a disposición del consistorio. Desde que se desató la crisis han cedido 250 apartamentos a personal sanitario y de residencias de gente mayor, en este caso gratuitamente. Para el caso de colectivos vulnerables alegan que sí exigen un pago a la Administración porque consideran que estas personas ya estaban a su cargo en otras dependencias municipales.