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Castilla-La Mancha incluirá cláusulas sobre igualdad y contra la exclusión en contratos públicos

Entre otras medidas, en la instrucción se recoge la necesidad de reservar determinados contratos públicos a Empresas de Inserción

Otras cláusulas permitirán que se garantice en los contratos la igualdad entre hombres y mujeres, y medidas para prevenir y erradicar el acoso sexual

Según el consejero de Administraciones Públicas, la región se pone a la vanguardia de las administraciones públicas con este conjunto de medidas

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Foto: Transparencia Internacional

Foto: Transparencia Internacional

Que la perspectiva de género, los derechos laborales, la inclusión social y la sostenibilidad estén presentes en todos los contratos que se realizan con el sector público en Castilla-La Mancha, es el principal objetivo que ha llevado al Gobierno regional a aprobar un bloque de instrucciones para la incorporación de “cláusulas sociales” en este tipo de contratación. Esas indicaciones se tomarán en cuenta en todos los aspectos que regulan los procesos de adjudicación y están destinadas a promover la estabilidad en el empleo, potenciar la salud laboral, promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y favorecer la inclusión social.

La instrucción aprobada en el Consejo de Gobierno recoge tres tipos de cláusulas. En primer lugar se encuentran las que serán obligatorias para todos los contratos. Entre ellas se encuentra la obligación de que la empresa adjudicataria no tribute en paraísos fiscales, y que en los contratos en los que el componente fundamental sea el coste de la mano de obra, la propia Administración se obliga a que, a la hora de fijar el presupuesto máximo de licitación, se hayan tenido en cuenta todos los costes salariales según el convenio colectivo vigente.

En la adquisición de productos y servicios de nuevas tecnologías, los contratos deberán incorporar que tales elementos son accesibles para las personas con discapacidad; y también se obliga a la utilización del lenguaje no sexista en la redacción de todos los expedientes de contratos.

Hay un segundo tipo de cláusulas que serán obligatorias en función del tipo de contrato: que la empresa adjudicataria acredite la afiliación y alta a la Seguridad Social de todos los trabajadores, que se garantice la igualdad entre hombres y mujeres en el trato, el acceso al empleo, la formación y la permanencia; y que incorporen medidas para prevenir y erradicar el acoso sexual y por razón de género, y también para conciliar la vida laboral y personal.

Asimismo, las nuevas contrataciones de personal deberán hacer constar la prioridad en el empleo para los jóvenes, las mujeres, los parados de larga duración, los mayores de 45 años, las personas con discapacidad  y/o en riesgo de exclusión social, y los inmigrantes. En estas cláusulas sociales se incluye igualmente la subrogación de trabajadores con respeto a los derechos económicos y laborales que tengan reconocidos los trabajadores.  

Las cláusulas medioambientales serán voluntarias

Un último bloque de cláusulas será de carácter voluntario para las empresas adjudicatarias, aquellas que quieran reutilizar envases reciclados y procedan a la recogida selectiva de residuos. Estas medidas se tendrán en cuenta a la hora de valorar un desempate en los procesos de adjudicación y para puntuar más en el proceso. Además, en la instrucción se recoge la necesidad de reservar determinados contratos públicos a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Reinserción

Según el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, las medidas suponen un “escalón más” en la recuperación económica y social de Castilla-La Mancha. “Los contratos públicos no son solo un medio para que la Administración se abastezca de medios y productos, sino que a través de ellos podemos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para una sociedad más justa, solidaria y sostenible”, ha resaltado.

También ha dicho que Castilla-La Mancha se pone a la vanguardia de las administraciones públicas en cuanto a su régimen de contratación; y ante todo, ha querido hacer hincapié de que el incumplimiento de las mismas dará lugar a la disolución del contrato, en unos casos, y a la penalización económica, en otros.  Por ejemplo, una de las novedades es establecer como causas específicas de cancelación de contrato el impago a los trabajadores por un tiempo superior a seis meses, pagarles por debajo del salario mínima, que no se les afilie a la Seguridad Social, o que no adopte las medidas obligatorias de salud e higiene.

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