Ya hay más de 14.000 alegaciones vecinales contra el proyecto minero de tierras raras
- Las ha registrado la Plataforma Sí a la Tierra Viva y desgranan las deficiencias de la iniciativa minera y de su estudio de impacto ambiental
Durante las últimas semanas equipos de voluntarios de la Plataforma Sí a la Tierra Viva han estado depositando en las oficinas de registro de la Junta de Castilla-La Mancha las más de 14.000 alegaciones firmadas por vecinos a los proyectos ‘Matamulas’ y ‘Rematamulas 1 y 2’ que Quantum Minería pretende llevar a cabo en el Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real. A las mismas se suman las ya presentadas directamente o a través de otros colectivos sociales.
De esta forma, y según informan fuentes de esta plataforma, la cifra final superará las expectativas previstas y es indicativa del “creciente rechazo social” a este proyecto de la mercantil minera. Concretamente, a las 7.500 alegaciones al documento inicial presentado por Quantum Minería en noviembre de 2015, recogidas durante casi un año, se unen las efectuadas ahora al estudio de impacto ambiental en un plazo de 30 días hábiles desde su exposición pública el pasado 10 de abril, y que finaliza el 29 de mayo.
La preocupación en relación al agua y el medio ambiente, así como la sensibilidad de la ciudadanía a los efectos negativos sobre la salud pública y la economía comarcal han motivado la firma masiva de alegaciones, lanzando así un “mensaje claro de oposición a unos proyectos extractivos que no gozan de garantía de sostenibilidad, lo que pone en evidencia el empeño de la Junta de Castilla-La Mancha en continuar con la tramitación de los proyectos de Quantum”.
Comparativa con el cementero nuclear de Villar de Cañas
La plataforma insiste en que esta actitud contrasta con la mantenida por el Gobierno de Emiliano García-Page García-Page frente a otros proyectos como el del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, que recabó 2.500 alegaciones en su momento y al que el Gobierno se está oponiendo incluso en los tribunales de justicia.
Es uno de los argumentos incluidos en las miles de alegaciones, donde además se desgranan las “deficiencias” del proyecto y del estudio de impacto ambiental (EsIA), que califican de “incompleto e insuficiente”, incluso en determinados aspectos con “falta de rigor y metodología” respecto a la propia Ley Ambiental y a directivas europeas sobre Hábitats y Avifauna, haciendo hincapié en que se contraviene el espíritu del Convenio Europeo del Paisaje.
Asimismo insisten en la presentación fuera de plazo del EsIA y muestra su disconformidad con el “descaro” mostrado por la empresa al presentar nuevamente proyectos “carentes de las imprescindibles autorizaciones respecto al uso de agua, a los vertidos e incluso a la necesaria viabilidad urbanística de la actividad”. “Sin resolver estos aspectos no se puede autorizar ni ambiental ni sustantivamente el proyecto”.
A lo largo de los más de cien folios presentados como alegaciones, se contienen más razones que propician el rechazo del EsIA. Por ejemplo, consideran “insatisfactoria” la documentación respecto a la modificación del perímetro de las parcelas que se pretende explotar para dar cumplimiento al mandato de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en lo que se refiere a las zonas de flujo preferente. Y también se destaca que varios ayuntamientos del entorno, entre los que se encuentran Torrenueva y Torre de Juan Abad, han instado a la designación del Campo de Montiel como Bien de Interés Cultural (BIC) y se está promoviendo la declaración de la comarca como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, “motivos suficientes para cancelar en primera fase los proyectos”.
Respecto a los aspectos más polémicos como radiactividad, efectos socioeconómicos y afección a Red Natura 2000 que se incluyen en las alegaciones, se tratarán en profundidad en una mesa de expertos donde participarán aquellos que han realizado aportaciones técnicas e informes en apoyo de las alegaciones de este colectivo.
Por último, Si a la Tierra Viva recuerda que un proyecto de interés privado difícilmente puede desarrollar “razones imperiosas de interés público de primer orden”, en relación con la aplicación de Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
