Un caso de éxito de la acusación popular que el PP quería eliminar: el juicio a Rafael Blasco por el desfalco en Cooperación
En mayo de 2014, el TSJ valenciano condenaba al exconseller popular Rafael Blasco a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación para cargo público como autor de un delito de malversación de caudales públicos en la primera pieza juzgada del caso Cooperación, una condena que posteriormente se vería reducida a seis años y medio. El exdirigente popular, que actualmente se encuentra en prisión, está pendiente del resto de causas que se están juzgando o se van a juzgar en Valencia.
Dos diputadas autonómicas, Clara Tirado (PSPV) y Mireia Mollà (Compromís), denunciaron en octubre 2010 ante la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades detectadas en la conselleria que entonces dirigía Rafael Blasco, el desvío de fondos públicos destinados a ayuda humanitaria a bolsillos privados. Otro actor importante en la causa ha sido -y sigue siendo- la Coordinadora Valenciana de ONG (CVONGD), que ejerce la acusación popular en la causa.
Las ONG valencianas, cuyo trabajo en países en vías de desarrollo y reputación se ha visto seriamente dañado por la gestión del exdirigente popular al frente del departamento de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, han podido desarrollar esta labor gracias al apoyo de más de un centenar de personas y organizaciones que han ejercido un micromecenazgo que ha permitido recaudar los fondos suficientes para poder continuar desarrollando esa acusación popular.
Esta financiación colectiva les ha permitido recaudar 7.243 euros con los que cubrir los gastos judiciales del segundo juicio del 'caso Blasco' -que juzga el fallido intento de construir un hospital en Haití y se está desarrollando desde hace unas semanas en la Audiencia de Valencia (está previsto que finalice este mes de julio)-, derivado de la personación de la Coordinadora como acusación popular en lo que supone “un ejemplo de la lucha ciudadana contra la corrupción y en defensa de la solidaridad y la cooperación internacional para el desarrollo”, explican desde la CVONGD.
La acusación popular
El 'caso Blasco' es un ejemplo de la personación de la acusación popular en casos de corrupción, pero no es el único. El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra fue condenado en noviembre de 2013 a cuatro años de prisión por un delito contra la Hacienda Pública -el exbarón provincial popular salió de la cárcel después de que el tribunal decretara la libertad condicional en abril de 2017 tras cumplir tres cuartas partes de su condena-. En esta causa, la UCE (Unión de Consumidores de España) ejerció la acusación popular. La defensa de Fabra pidió al juez, sin éxito, que la UCE, cuyos abogados eran concejales socialistas, dejara de formar parte de la acusación.
El Partido Popular intentó en 2017, a raíz de la citación como testigo de Mariano Rajoy en el caso Gürtel -el PP vinculaba la acusación popular en esta causa al PSOE a través de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade)-, un cambio en la figura de la acusación popular y particular para que dejara de ser utilizada por los partidos políticos como una forma de “desgaste político” del adversario.
También han sido conocidas las participaciones polémicas como acusación popular de Vox en la causa del Procés, que se ha desarrollado en la Audiencia Nacional, o la de Manos Limpias en el caso Nóos.
