A propósito de la provincia

A la consellera valenciana de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, le preguntaron, en una de sus comparecencias diarias ante la prensa para informar sobre la evolución de la pandemia a qué se debía el aumento de contagios en el hospital de Sagunto, que preocupaba en la ciudad. “Al departamento de Sagunto pertenecen también municipios de Castellón; por tanto, el espectro territorial es mucho más amplio”, comentó en su respuesta.

Efectivamente, además de la comarca del Camp de Morvedre, de la que es capital, el área de salud de Sagunto engloba municipios de L'Horta Nord como Puçol o El Puig, también en la provincia de Valencia, y otros del Alto Palancia, como Segorbe o Jérica, y de la Plana Baixa, como Almenara o Xilxes, en la provincia de Castellón.

Es un ejemplo de cómo la división provincial difícilmente coincide con la realidad territorial y su dinámica, en este caso en materia de organización del sistema público de salud.

La estructura provincial, escogida por el Gobierno para organizar la desescalada en el estado de alarma por la COVID-19, sirve de poco cuando se baja al territorio real. ¿Debe el área de salud de Sagunto regirse por lo que se plantee para la provincia de Valencia o para la de Castellón? En la práctica, no se llegará con toda seguridad a esos dilemas porque las directrices se matizarán y porque el sentido común acabará imponiendo una gestión más compleja del retorno a una cierta normalidad tras la pandemia.

Y sin embargo, se exhiben argumentos pragmáticos en la decisión del Gobierno. “Existe un consenso en que la comunidad autónoma es demasiado grande y que el área de salud es demasiado pequeña porque mucha gente se mueve diariamente a través de varias áreas. Muchos de nosotros ni siquiera conocemos la frontera de nuestra área de salud. Algo intermedio pueden ser las provincias, islas, grandes áreas metropolitanas, todo esto parecen elecciones justificables”, explicaba en una entrevista en El País el catedrático de epidemiología de Harvard Miguel Hernán, uno de los integrantes del equipo científico que asesora al Gobierno de Pedro Sánchez.

¿Algo intermedio? No parece un argumento muy preciso, ni muy científico. Sobre todo porque en buena parte de España la demarcación provincial no tiene funcionalidad alguna en la organización y gestión de la sanidad pública. Más allá de las comunidades uniprovinciales, como Madrid, La Rioja, Navarra, Cantabria o Murcia, o de comunidades insulares como Baleares y Canarias, con sus especificidades, así como de la muy peculiar situación de los territorios históricos vascos, las provincias son reliquias del pasado en lo que se refiere a la estructura hospitalaria y de salud. De ahí que gobiernos de signo político diverso, como la Xunta de Galicia, la Generalitat de Catalunya o la Generalitat Valenciana, se muestren contrarios al criterio provincial como plantilla del proceso de salida del confinamiento y del retorno a una actividad social más o menos normal.

La gestión autonómica de la Sanidad, al menos en territorios como el valenciano, supuso un cambio enorme respecto a la concepción provincializada del sistema heredada del franquismo. Gracias a aquel cambio, los vecinos de Gandia, de Sagunto, de Alzira, de Xàtiva, de Requena, de Vinaròs, de Vila-real, de Ontinyent, de Dénia, de Alcoi, de Elche, de Elda, de Torrevieja o de Orihuela no deben desplazarse necesariamente decenas de kilómetros a las capitales de provincia para ser atendidos en un hospital. Y precisamente en la deficiente dotación original de las competencias que lo han hecho posible, cuando la Administración central traspasó el Insalud en 1987, radica buena parte del problema de infrafinanciación que arrastra la Generalitat Valenciana. Los neocentralistas que piden acabar con las autonomías chocan en esto, como en casi todo, con una realidad inapelable. ¿Cuántos hospitales comarcales existirían y dónde con una gestión centralizada? ¿Cómo habría condicionado esa estructura la lucha contra la epidemia?

Lo razonable, y científico, en la desescalada que ahora comienza es basarse en los departamentos de salud y agruparlos de acuerdo con los indicadores sanitarios que se considere para adoptar medidas sobre el territorio. Con más razón en el área metropolitana de Valencia, que cuenta con cinco departamentos, o en la ciudad de Alicante, que está organizada en dos. La gente, desde luego, no conoce la frontera de su departamento sanitario, pero sabe muy bien cuáles son su centro de salud y su hospital de referencia.

Pero en la decisión inicial del Gobierno, que ya se está revisando en la práctica, hay implícita otra cosa. En la Administración central, en su burocracia pero también en sus cargos políticos, persiste el recelo de que las comunidades autónomas sean una organización territorial propia del Estado y surge el error de considerar que las provincias tienen una función, por ejemplo, ante una crisis sanitaria, cuando son unas demarcaciones que de poco servirían sin las circunscripciones electorales, la existencia de las diputaciones provinciales (que son administración local) y las subdelegaciones del Gobierno (los antiguos gobiernos civiles muy venidos a menos). La mera existencia de los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas debería bastar para reconocer cuáles son los ámbitos políticos y geográficos en los que se ejerce la gestión de la mayoría de las competencias y servicios del Estado.

Se trata de una idiosincrasia que no se ha superado desde que la Constitución de 1978 superpuso dos organizaciones territoriales: la que existía, basada en las provincias, y el sistema federal que representan las autonomías. En una situación excepcional de emergencia como la actual, esa duplicidad hace aflorar una mentalidad que subyace en el aparato de la Administración central y en el Gobierno. Y más allá, incluso en los partidos políticos que se llaman federalistas, como el PSOE.

Sin ir más lejos, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha expresado su disconformidad con el empleo de las demarcaciones provinciales para las instrucciones y las decisiones del Gobierno en una coyuntura tan delicada, pero los socialistas valencianos, pese a su deseo, no han logrado volver todavía al funcionamiento comarcal que caracterizaba al PSPV-PSOE como una de sus señas de identidad antes de que en 2008 el PSOE, con José Blanco como secretario de Organización, estableciera la estructura provincial en sus estatutos. Es una de las asignaturas pendientes de la política española. Como tantas otras.