Un empresario declara que Díaz Alperi le dijo controlar el PGOU de Alicante tras dejar la alcaldía
El promotor inmobiliario Ramón Salvador Águeda, procesado en la rama del 'caso Brugal' relativa al urbanismo de Alicante, ha desvelado este martes que el exalcalde Luis Díaz Alperi (PP) le dijo que seguía controlando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras dejar la Alcaldía, según fuentes jurídicas.
Este empresario, sospechoso de un delito de cohecho y otro de aprovechamiento de información privilegiada, había solicitado comparecer de nuevo ante el juez que instruye la causa, Manrique Tejada.
En esta investigación el magistrado ha procesado a diez personas, entre ellas el propio Díaz Alperi, su sucesora en la Alcaldía, la también popular Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz, por su implicación en una supuesta trama de corrupción vinculada al nuevo planeamiento urbanístico de Alicante.
Salvador ha revelado en su comparecencia que se reunió en dos ocasiones con Díaz Alperi, una cuando todavía era alcalde de la ciudad y otra tras cesar en el cargo.
En ese segundo encuentro, según su testimonio, el exprimer edil le aseguró que seguía teniendo “el mando” del PGOU, cuando el plan aún no había salido aún a exposición pública, tal y como han precisado fuentes jurídicas presentes en la declaración.
El promotor también se ha referido a otra reunión en la que participó junto al abogado Javier Gutiérrez, igualmente procesado en esta pieza derivada de la 'Operación Brugal', y la entonces alcaldesa Sonia Castedo.
Según su testimonio, Gutiérrez, socio en el bufete Salvetti Abogados de un hermano de Castedo (José Luis), le presentó ante ella como alguien que “ya lo sabía todo”.
El empresario ha precisado que pagó al citado bufete 150.000 euros después de que una alegación suya al PGOU fuera aceptada y los terrenos que disponía en el área Pla-Xirau fueran recalificados como urbanizables.
Gutiérrez le había solicitado previamente dinero porque había que realizar un “estudio de impacto ambiental”, siempre de acuerdo con la declaración del sospechoso.
Ramón Salvador ha precisado que los 150.000 euros abonados al despacho también respondían a otros trabajos jurídicos por actuaciones urbanísticas que él impulsaba en las localidades de San Miguel de Salinas y San Vicente del Raspeig.
“En parte”, un peaje
Un abogado le ha preguntado si creía que había “pagado un peaje” a la firma Salvetti para que su alegación al PGOU fuera estimada y él ha respondido: “en parte sí y en parte no”, al tiempo que ha reconocido haberse sentido “presionado” en esas reuniones, según las fuentes consultadas.
La investigación judicial sobre esta supuesta trama de corrupción otorga un papel fundamental a los abogados Gutiérrez y José Luis Castedo, quienes además de presentar alegaciones al Plan General resolvían éstas mediante otra empresa de asesoría jurídica externa contratada por el consistorio alicantino.
El empresario encausado ha asegurado a los periodistas al término de su comparecencia, que se ha prolongado una hora, aproximadamente, que había dicho “la verdad” en el juzgado de Instrucción 5 de Alicante, “como siempre”.
“Estoy muy jodido, pero tengo la conciencia muy tranquila”, ha agregado, y ha argumentado que había pedido declarar de nuevo ante el magistrado porque en su primera comparecencia no había “dado importancia” a los detalles que ha revelado.
