La Guardia Civil investiga por presuntos delitos de fraude y estafa a la empresa de la Zona Azul en Calp

Nueva conmoción en Calp vinculada a los tribunales. Después de una denuncia presentada ante un juzgado de Dénia, la Guardia Civil ha abierto una investigación contra Pavapark, la concesionaria del servicio de estacionamiento regulado del municipio calpino, por presuntos delitos de fraude y estafa. Según ha podido saber este diario, los agentes interrogaron al menos a dos trabajadores de esa mercantil por esas irregularidades. Además, procedieron a registrar la sede de la concesionaria ubicada en Calp e incautaron un ordenador. Después de estas diligencias, el juzgado tiene previsto llamar a declarar al concejal de Tráfico del gobierno local, el popular Domingo Sánchez, y a un funcionario de ese departamento municipal.

La denuncia habría sido presentada por otro trabajador de la empresa, que alertó de la existencia de estas anomalías. En primer lugar, a pesar de que las multas de la Zona Azul no se pueden anular, la empresa, siempre según la denuncia, ofrecía a los conductores la posibilidad de librarse de la sanción si pagaban 4 euros. Este dinero, sin embargo, iba directamente a las arcas de la mercantil al contrario de lo que sucede con las multa ordinarias, que son recaudadas por el ayuntamiento, que perdía el dinero de todas las sanciones que eran anuladas.

Además, la denuncia asegura que se habría producido la falsificación de firmas en las multas, toda vez que para dar tramitar esas sanciones, la Policía Local exigía de la concesionaria una doble firma con el fin de dar validez al expediente. Sin embargo, eso le acarreaba a la mercantil un retraso y una pérdida de rentabilidad: de ahí que se hubiera producido esa presunta falsificación que ahora intenta determinar la investigación, llevada a cabo por un equipo especialista en este tipo de presuntos fraudes perteneciente a la Policía Judicial de la Guardia Civil.

El gobierno local es consciente de la operación

El caso, por cierto, se trató en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Calp, cuando el PSPV preguntó sobre la situación de Pavapark y sobre si se encontraba abierta “una investigación criminal contra la adjudicataria por los presuntos delitos de estafa, fraude y trama criminal”. Los socialistas también querían saber si el gobierno local, del PP, iba a emprender acciones legales “en defensa del interés general y ante la posibilidad de una imputación como partícipes a título lucrativo o colaboradores necesarios2. Es decir, mostrando su temor a que el caso salpique al propio consistorio.

La respuesta de la alcaldesa, la popular Ana Sala, confirmó que efectivamente hay una investigación abierta. Sala dijo que “este ayuntamiento ha tenido conocimiento de las diligencias previas, diamantes del juzgado de instrucción, que por parte de la Guardia Civil se están llevando al respecto”. La alcaldesa agregó que “se ha resuelto la suspensión de aquellos procedimientos sancionadores incoados con ocasión de infracciones al servicio de estacionamiento regulado, presuntamente cometidas en las fechas que se investigan, hasta que por parte de la autoridad judicial se aclare lo ocurrido”. Es decir que todas las multas puestas durante el periodo afectado ahora mismo carecen de validez.