Un alto cargo socialista desbloqueó la subvención al hermano de Ximo Puig investigada por Antifraude dos semanas después de llegar al Gobierno valenciano
Apenas dos semanas después del nombramiento de Ximo Puig como presidente de la Generalitat Valenciana, un hito histórico que daba carpetazo a dos décadas de gobiernos del Partido Popular, un alto cargo socialista desbloqueó las ayudas europeas a la empresa del hermano de Puig que investiga la Agencia Antifraude. El 16 de julio del 2015 el entonces director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria y actual secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, firmó la resolución que desbloqueó las subvenciones de 36.000 euros de fondos Rutalter-Leader, según la documentación del expediente a la que ha tenido acceso elDiario.es. Tan solo habían pasado 14 días laborables desde la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana del nombramiento de Ximo Puig como presidente.
La ayuda europea, que investiga la Agencia Antifraude, fue concedida en 2010 a la mercantil Comunicacions Els Ports SA. Cuatro años después, la conselleria resolvió declarar la pérdida de derecho al cobro de 35.645,16 euros de la subvención “al no haber presentado en plazo las solicitudes de pago de la anualidad 2012 y 2013 y el resto de documentación requerida”. La resolución que tumbó las ayudas al hermano de Puig reprochaba a la empresa que no hubiera presentado las “certificaciones de obra firmadas por el director de las obras”. Además, el hermano del president, según la resolución, no presentó la documentación requerida para justificar los gastos, “lo que supone la pérdida del derecho al cobro de la subvención”. Francis Puig presentó un recurso de reposición contra la decisión del Ejecutivo valenciano, en manos del Partido Popular en aquella época.
La situación se desbloqueó rápidamente con la llegada de Ximo Puig a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Dos semanas después del nombramiento de Puig, el entonces director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, Francisco Rodríguez Mulero, firmó una resolución que estimaba el recurso contencioso administrativo de Francis Puig, dando carpetazo a los reparos del anterior Consell.
“La competencia para resolver el presente recurso corresponde al director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria”, indica el documento en referencia a Rodríguez Mulero. La decisión venía avalada por un informe del subdirector general de Desarrollo Rural. El alto cargo socialista aducía que la documentación fue presentada “dentro del plazo establecido” y que Francis Puig aportó un “informe de visita in situ favorable de 2 de junio de 2014 y nombramiento del técnico de control”.
La investigación de la Agencia Antifraude arranca de un informe elaborado por un funcionario, acogido al protocolo de protección del denunciante de la entidad que dirige Joan Llinares. El empleado público revisó el pago de la subvención tras una petición de información de la síndica del PP, Eva Ortiz, y concluyó tras revisar el procedimiento administrativo de 2015 que “podrían haber hechos susceptibles de reproche jurídico”. El funcionario protegido avisó a sus superiores y la conselleria que dirige Mireia Mollà puso el expediente en conocimiento de Antifraude, tal como informó este diario hace medio año.
El 17 de noviembre del 2015, el abogado de Francis Puig hizo llegar a una jefa de servicio de la conselleria un correo electrónico con el escrito de desistimiento del procedimiento de reclamación que se seguía en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de València.
La portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, ha preguntado este jueves durante la sesión de control en las Cortes Valencianas “quién ordenó a la conselleria pagar la subvención a Francis Puig”, denegada un año antes, y “por qué existen correos electrónicos entre Francis Puig y la dirección general de la conselleria en los que avisa de que una vez cobrada la subvención va a retirar el contencioso”. Ortiz ha asegurado que el PP aportará el expediente al Juzgado de Instrucción número 4 de València que investiga el caso de las ayudas públicas al grupo de empresas del hermano del presidente Ximo Puig.
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