La Generalitat Valenciana reclama a los socios comerciales del hermano de Ximo Puig 200.000 euros en ayudas injustificadas

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha realizado dos planes de control por considerarlas “empresas de riesgo” a las productoras de propiedad o gestionadas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, y a las de la familia Adell Bover, socios comerciales del primero y que comparten una investigación de Competencia por pactar precios y repartirse el mercado en Castelló. 

El informe del departamento de Política Lingüistica sobre los 400.000 euros que recibió el hermano de Ximo Puig entre el 2016 y 2018 ha sido favorable y considera bien justificados todos los gastos. Estas ayudas y otras similares en Catalunya son las que investiga el juzgado de Instrucción número 4 de València tras una denuncia del PP. En ella están imputados Francis Puig y el director general Rubén Trenzano.

Donde sí que han encontrado irregularidades es en el control realizado a las justificaciones de las productoras de la familia Adell Bover, Kriol Produccions SL y Canal Maestrat SL, propietarias de las emisoras de SER Maestrat, 40 Principales Maestrat y Ràdio La Vall d'Uixó. Tantas son las dudas que ha suscitado el uso de estas ayudas al valenciano que el departamento de Marzá ha remitido el informe del plan de control a la Fiscalía, la Agencia Antifraude y la Inspección de la Seguridad Social.

Tanto Antifraude como la Fiscalía ya investigan a estas empresas por una denuncia de una extrabajadora, también expareja de uno de los propietarios, en la que señala diversas irregularidades por parte de estas dos productoras en la gestión de fondos públicos. Incluso llegó a asegurar en un escrito al fiscal que escuchó en la empresa que “se forrarían” cuando Ximo Puig llegara a la presidencia de la Generalitat.

El informe de control a las productoras de Adell Bover concluye que en 2016 tenían que justificar 161.138 euros y solo lo hicieron por 78.872. Por su parte, en 2017 Ser Maestrat se dejó un 19% de las ayudas sin aclarar, mientras que los 40 Principales un 78%. Por ello entiende que deben devolver el montante íntegro (177.573 euros) porque han detectado numerosas irregularidades.

Entre esas justificaciones mal presentadas detectaron en 2017 que “hay 11 nóminas cuya perceptora es una ciudadana que afirma que ella no trabajó en Ràdio La Vall d'Uixó”. “Las facturas de Iberdrola por tres medios de comunicación están prorrateadas al 50%, lo que daría un 150%”, añade. “Hay 11 facturas de alquiler para Ràdio La Vall d'Uixó facturadas por Nova CB, que es el domicilio donde tiene la sede social Canal Maestrat SL”, refleja el informe de control. 

Además, en la queja de la ciudadana, que ya investiga la Fiscalía, afirma que Canal Maestrat SL no emitió ninguna programación en valenciano, que se había falseado la parrilla de programación y hasta que se habían falseado programas. Ante los requerimientos de la conselleria de Marzà, la familia Adell Bover contestó que no disponían de la programación puesto que “se destruye a los seis meses”. Explican en el departamento de Política Lingüística que los receptores de las subvenciones deben guardar los productos periodísticos cuatro años.

La otra productora de los Adell Bover, Kriol Produccions, tendrá que devolver 22.609 euros del programa Telescola, la televisió a l'escola por justificación defectuosa o insuficiente. Además, también incluyen nóminas de una empleada que nunca trabajó en este programa. 

Estos requerimientos han puesto bajo alerta a la conselleria que ha iniciado una investigación sobre todas las ayudas que han recibido estas productoras. 

Sobre su relación con Francis Puig, la familia Adell Bover es cliente de las productoras del hermano del presidente de la Generalitat y sus empresas se apartaron de un concurso para una adjudicación de cinco licencias de radio en Aragón que ya gestionaban, lo que permitió que las ganara Comunicacions dels Ports.

Las cuatro productoras que ha fiscalizado Marzà de Francis Puig y los Adell Bover están siendo investigadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por pactar precios y repartirse el mercado tras una denuncia de À Punt.