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Camps acusa a Anticorrupción de politizar el caso de la Fórmula 1 y “preconstruir pruebas” contra él

Francisco Camps saluda a Bernie Ecclestone en las inmediaciones del Circuito Urbano de Valencia durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, el 25 de junio de 2011

Sergi Pitarch

Valencia —

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha presentado un recurso de reforma en el que pide el archivo del auto de la juez del caso Valmor, que investiga las negociaciones para la llegada de la Fórmula 1 en València, que pide su imputación por prevaricación y malversación de caudales públicos. En el escrito, la defensa de Camps arremete contra el fiscal Anticorrupción a quien acusa de politizar la causa y de “preconstruir pruebas ilegalmente” contra él.

El expresidente de la Generalitat considera que la denuncia de Anticorrupción contra él, el expiloto Jorge Martínez “Aspar” y la exconsellera de Turismo Lola Johnson no tiene fundamento por lo que solicita el archivo de la causa y anuncia un recurso de apelación en caso de que su petición no sea satisfecha.

Además y en caso de que finalmente tenga que declarar el próximo 24 de enero en instrucción “se habilite y permita a cualquier medio de comunicación que lo solicite entrar a presenciar y grabar si es su menester la completa declaración del mismo y las intervenciones de todos los participantes en la referida declaración, sin limitación”. Según el abogado del expresidente de la Generalitat, “con el único objeto de evitar la malintencionada transmisión previa y posterior, a la que venimos acostumbrados”.

El escrito de la defensa asegura que en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción -la inicial fue del PSPV- no se dice “cuál es el comportamiento ilícito perseguido, pero esencialmente por qué esa acción transgrede la ley y cuál es la norma infringida”. “Un Estado de Derecho no puede permitir una investigación prospectiva con únicos objetivos políticos”, asevera.

La principal defensa del expresidente se basa en la falta de competencia directa que tenía para la contratación pública por parte de las empresas y entidades públicas que contrataron los gastos de la Fórmula 1. Camps defiende que por su cargo “presidía” la Generalitat y no la “dirigía”. El expolítico alega que ninguno de sus subordinados ha declarado en instrucción que diera órdenes directamente para realizar ninguna actuación supuestamente ilícita. “No se le puede atribuir a Camps la responsabilidad sobre los actos de todos y cada uno de los órganos y entidades del Gobierno valenciano”, aduce.

Sobre el supuesto beneficio a Jorge Martínez “Aspar”, uno de los accionistas de la empresa privada Valmor que impulsó la Fórmula 1, asegura que el sueldo de más de 100.000 euros se lo puso la empresa y que nada tuvo que ver él como presidente de la Generalitat. Es más, recuerda que fue una decisión de los tres socios de Valmor, el propio “Aspar”, el empresario Fernando Roig y el expresidente de Bankia José Luis Olivas. Ni Olivas ni Roig están siendo investigados en la causa.

El expresidente defiende a “Aspar” y a Belén Reyero, la persona que estuvo en las negociaciones con Bernie Ecclestone, y acusa al fiscal Anticorrupción de haber ocultado sus currículums para “villanizarlos” y construir “un ambiente de compadreo y contubernio”.

El expresidente afirma que existe un error en las fechas de las negociaciones y niega que estuviera en una reunión en Londres con Bernie Ecclestone en la que se le sitúa en la denuncia de Anticorrupción. Acusa también al fiscal de interpretar erróneamente el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía nacional. 

Recientement el juzgado de Instrucción número 2 de València separó el caso Valmor en dos piezas. En la que está presente Francisco Camps se investigan las negociaciones para que la empresa privada Valmor organizara la Fórmula 1 y en la que habría intercedido el expresidente beneficiando a “Aspar”. En la otra pieza, más retrasada, se indaga en la compra por parte de la Generalitat por un euro de la mercantil Valmor que tenía una deuda de 31,8 millones y que asumió la administración autonómica.

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