Castelló inicia el desmontaje de la cruz franquista del Parque Ribalta para entregarla al obispo

Con la oposición del PP, de Ciudadanos, del Obispado de Segorbe-Castelló y de la entidad ultraconservadora 'Abogados Cristianos', el desmantelamiento de la cruz franquista a los caídos del Parque Ribalta de Castelló por parte del Consistorio se ha retrasado durante años. De hecho, los populares amenazaron a la alcaldesa de Castelló, la socialista Amparo Marco, con interponer una denuncia por prevaricación si finalmente se retiraba.

Tras las trabas de la asociación Abogados Cristianos (consiguieron anular el presupuesto de memoria histórica del Ayuntamiento de Castellón, una resolución finalmente anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana), el Consistorio abrió un nuevo procedimiento para la retirada del monumento a los caídos.

Así, finalmente el Consistorio ya ha licitado los trabajos de retirada del monumento, según ha informado Castellón Plaza, con una duración de seis semanas y un coste, sin IVA, de 58.914,05 euros. 

La cruz, tal como anunció el Consistorio, será cedida al obispo para su conservación pero el espacio del Parque Ribalta volverá a su estado original previo a la instalación del monumento franquista en 1944, además en cumplimiento de la ley autonómica de memoria democrática.

Recurso de 'Abogados Cristianos'

Una decisión avalada por el Comité Técnico de Expertos para la valoración de la retirada de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura en la Comunitat Valenciana frente a los recursos que interpuso la Fundación Española de Abogados Cristianos, que incluso consiguió suspender momentáneamente el presupuesto del Consistorio dedicado a memoria histórica.

Finalmente, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) tumbó la suspensión del presupuesto. 

La oposición en el Ayuntamiento de Castelló coincide en que el monumento fue resignificado en 1979. Los populares, que incluso amenazaron con denunciar al ayuntamiento por prevaricación, consideraban que los socios del Acord de Fadrell que gobiernan en Castelló (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) mantienen una “cruzada” que atenta contra la libertad religiosa y persigue un “símbolo del cristianismo, como es la Cruz resignificada”.

El monumento, con cierto deterioro, acabará en manos del obispo Casimiro López Llorente.