El TSJ tumba la suspensión del presupuesto de Castelló que consiguió la Asociación de Abogados Cristianos para salvar una cruz franquista

Nuevo fracaso de la Asociación de Abogados Cristianos en su cruzada contra las políticas de memoria histórica de los consistorios valencianos gobernados por la izquierda. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso del Ayuntamiento de Castelló contra la decisión de un juez de paralizar el presupuesto municipal de memoria histórica “en lo referente a la remodelación del Parque Ribalta y la retirada de la cruz allí existente”.

Para dar la batalla en todos los flancos, la asociación ultraconservadora puso en el punto de mira la partida presupuestaria del Ayuntamiento y obtuvo así una pequeña victoria. El titular del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Castelló estimó en un auto del pasado 4 de abril la suspensión cautelar del presupuesto de memoria histórica.

La sentencia del TSJ tumba la suspensión cautelar y reprocha a los Abogados Cristianos que no hayan acreditado “siquiera indiciariamente” cuáles son los “daños y perjuicios reales, no hipotéticos, de difícil o imposible reparación”. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo recuerdan que la aplicación presupuestaria de actuaciones sobre memoria histórica carece de la “efectividad inmediata propia de los actos administrativos”. Así, el TSJ revoca el auto del juez y suma un nuevo revés judicial a la estrategia de la asociación jurídica ultraconservadora.

La Asociación de Abogados Cristianos batalla en los juzgados contra la retirada de la cruz franquista del Parque Ribalta de Castelló que aprobó la pasada legislatura el consistorio con los votos en contra del Partido Popular y de Ciudadanos. El monumento fue inaugurado en la posguerra con el lema “caídos por Dios y por España”. Los letrados ultraconservadores consideran, por su parte, que la decisión municipal se enmarca en una supuesta cruzada de las instituciones valencianas gobernadas por la izquierda contra la población católica española.

El Comité Técnico de Expertos para la valoración de la retirada de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura en la Comunitat Valenciana (un órgano adscrito a la Conselleria de Justícia) concluyó que la cruz no tiene valor artístico alguno y que es un “añadido” artificial al parque. Los Abogados Cristianos también intentaron, sin éxito, eliminar este comité de expertos, tal como informó este diario.

La presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, anuncia que presentará un recurso contra la sentencia del TSJ porque “tirar una cruz desprovista de cualquier simbología es ilegal”. “El Ayuntamiento de Castellón está obcecado en perseguir a los cristianos”, asegura Castellanos en declaraciones a eldiario.es.

En la Comunitat Valenciana la asociación presidida por Polonia Castellanos también denunció al Ayuntamiento de Betxí y al de la Vall d'Uixó, después de fracasar en su ofensiva contra el consistorio de Callosa del Segura.