Colectivos ecologistas y vecinales exigen convertir la ZAL de València en un espacio verde después de la sentencia judicial

“Es el momento de parar la ZAL. Cuesta el mismo revertirla que continuar con la urbanización. Habría que hacer un espacio verde que conecte el lecho del Turia con el parque natural de l'Albufera”, ha asegurado este sábado Josep Gavaldà, portavoz del colectivo Per l'Horta, en la rueda de prensa convocada para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que anula el plan especial de urbanización de la zona de actividades logísticas. Mireia Vidal, portavoz de La Unificadora de La Punta, entidad que interpuso el recurso contencioso-administrativo, ha destacado que éste es el número 16 que ha ganado la asociación vecinal en 30 años de lucha. 

En su intervención, Vidal ha leído los nombres del vecinos y vecinas del pueblo que han faltado a lo largo de todos estos años y que no han podido disfrutar de esta victoria judicial: “No queremos despersonalizar La Punta, no son solo terrenos. Esto era un pueblo. Y esto se tiene que reparar. Queremos tener el derecho a decidir sobre lo que se tiene que hacer ahora. Nuestro pueblo no existe. ¿Esto como se arregla?”. Gavaldà ha comentado que la reversión de la ZAL, de acuerdo con el presupuesto hecho por un estudio especializado, costaría alrededor de unos 4 millones de euros: “Si hay voluntad política y valentía se puede hacer cualquier cosa. Rescatar la Marina costó 800 millones de euros”.

Antonio Montiel, miembro del equipo jurídico que ha llevado adelante el recurso, ha denunciado la “política de hechos consumados” del Gobierno del Botánico: “Hay que destacar que el plan especial que ha tumbado ahora el TSJ es obra del Botánico, que dio continuidad a una lógica errónea que inició el PP, un plan que nació viciado, que es un destrozo que han sufrido los vecinos y las vecinas de La Punta y el conjunto de la ciudadanía”. Montiel ha añadido que el Consell y el Ayuntamiento de València -“que tampoco tenía que haber dado la licencia de explotación a la ”ZAL“- tienen obligación de hacer cumplir la sentencia. 

Pau Monasterio, en nombre de la Comisión Ciutat-Port, ha destacado que es “indignante” que tengan que ser los colectivos sociales los que velen por la protección del territorio, para que las cosas se hagan bien. “Lo que ocurrió a La Punta está volviendo a ocurrir ahora al puerto: ciudadanía afectada, cuestiones ambientales obviadas... Piden un acto de responsabilidad a las instituciones en tiempos de cambio climático”, ha dicho Monasterio.