El Consell adeuda más de 100 millones de euros al sector de atención a mayores
El sector de las residencias y centros de atención a personas mayores en la Comunitat Valenciana sufre una constante marginación por parte de la Administración valenciana debido al impago de la deuda acumulada que mantiene, de manera continua, desde hace más de doce meses y que asciende a más de 100 millones de euros.
La “incapacidad” de la Consellería de Bienestar Social por solventar esta situación y el constante incumplimiento y asimetría“ con respecto a otros sectores de los calendarios de pago comprometidos, pone en peligro de extinción a corto plazo a todo el sector de atención a la dependencia, a sus más de 300 centros y mas 15.000 trabajadores directos que atienden diariamente a alrededor de 30.000 personas en la Comunitat Valenciana (la mayoría ancianos).
Ante el agravamiento continuo de la situación y la falta de actuación de la Administración, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte); La Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (Lares); la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (Aecas); la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (Avrep); y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, han acordado realizar una serie de concentraciones, movilizaciones, paros y reuniones con administraciones locales, autonómicas y nacionales para que, de forma urgente, la Generalitat Valenciana resuelva el desbloqueo de la deuda comprometida de un sector “necesario socialmente, más en tiempos de crisis, y que además genera empleo (por cada dos personas atendidas se crean un puestos de trabajo directo)”.
Concretamente, el sector exige a la Generalitat que dé al sector el mismo trato de financiación que a los conciertos sanitarios y educativos, además de un compromiso totalmente firme para establecer un plan de pagos real y urgente que se ejecute en tiempo y forma que permita solventar la situación de colapso por la que atraviesan los centros, evitando así impagos masivos de salarios a los profesionales antes de final de año: de los mas 15.000 puestos de trabajo directo que genera actualmente el sector, 10.000 pueden desaparecer a corto plazo.
Acciones
El sector ha convocado diversas acciones, entre las que se encontraba la entrega de las primeras 4.000 quejas de los trabajadores del sector de atención a personas mayores, al Sindic de Greuges en su sede de Alicante.
El pasado 30 de octubre se solicitó por vía de urgencia una reunión con el President de la Generalitat, Alberto Fabra, de cara a que pueda conocer personalmente la “situación insostenible” por la que atraviesa el sector en la Comunitat Valenciana, donde el periodo de tiempo sin cobrar las cantidades pendientes es cuatro veces superior a la media, “algo insólito en otras autonomías”. Por ello, se reclama la actuación del President para que adopte de forma inmediata acciones para solventar esta dramática situación.
Deuda acumulada
La deuda acumulada de la administración autonómica valenciana a 31 de octubre con el sector de centros y residencias de atención a personas mayores en la Comunitat Valenciana es: 44 millones de euros correspondientes a los servicios públicos de gestión privada. Pendientes de cobro desde noviembre de 2012, es decir once meses sin cobrar; 40 millones de euros correspondientes a los servicios de accesibilidad social. Pendientes de cobro desde diciembre de 2012, es decir, diez meses sin cobrar; 9 millones de euros correspondientes a los Bono-residencias. Pendientes de cobro desde enero de 2013, es decir, nueve meses sin cobrar; 9,3 millones de euros correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
Y advierten que el impago en el mes de noviembre, generará otros diez millones mas de deuda.
A la cola de España
Según los datos a los que tienen acceso las asociaciones empresariales junto a CCOO y UGT, la Comunidad Valenciana se sitúa a la cola de España con respecto al pago a proveedores en las comunidades autónomas, siendo la única que tarda más de nueve meses en realizar los pagos.
