Las denuncias por abusos sexuales a niños han aumentado un 80% en la Comunitat Valenciana desde 2010

El número de denuncias por abusos sexuales a niños en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 80 por ciento desde 2010, con un total de 681 el año pasado, según datos de Save the Children, que advierte que estas cifras “podrían ser solo la punta del iceberg”.

La organización ha presentado este jueves su campaña 'Rompo el silencio', con el objetivo de “sensibilizar a la población sobre el dolor que viven muchos niños y niñas en España”, así como para pedir “mayor protección para las víctimas”, ha indicado en un comunicado.

Save the Children ha detallado que el año pasado se registraron en España 4.211 denuncias por abusos sexuales, de las que un 16,1% tuvo lugar en la Comunitat, con 681 denuncias. Además, desde 2010, la cifra ha subido casi un 80% en la región.

El director territorial de Save the Children, Rodrigo Hernández, ha lamentado que estos datos “podrían ser solo la punta del iceberg, ya que, lamentablemente, se trata de una situación muy normalizada en la que la culpa o la vergüenza hacen muy difícil que los niños y niñas se atrevan a denunciar”.

La asociación ha destacado también que un 75,6% de los procesos judiciales abiertos en la Comunitat se suspenden por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia, una ratio por encima de la media estatal (72,2%), según el informe 'Ojos que no quieren ver' de la entidad.

Hernández ha remarcado que, “aunque desde el Consell se han puesto en marcha medidas que pueden ayudar a mejorar la situación de estos niños y niñas, como la futura Ley de Infancia, es urgente que salga adelante cuanto antes la Ley integral de protección a la infancia frente a cualquier tipo de violencia, que según anunció el Gobierno se enviará al Congreso de los Diputados para su aprobación el segundo trimestre de 2019”.

“Soledad” y “encubrimiento”

Para el responsable de Save the Children en la Comunitat, “es fundamental trabajar en la prevención para evitar que se produzcan hechos tan terribles como el de Elche o el de Castellón”.

La organización ha denunciado que el “sufrimiento sigue permaneciendo oculto en numerosas ocasiones debido a la soledad en la que se ven sumidas quienes lo sufren, así como por el encubrimiento de personas e instituciones que no detectaron o no denunciaron los abusos”.

Frente a esta situación, la campaña 'Rompo el silecio' pretende hacer un “llamamiento a toda la población para que sume su apoyo solidarizándose con las víctimas y reclamando al Gobierno que apruebe, dentro del proyecto de Ley de Protección Integral a la Infancia contra la Violencia, medidas específicas de lucha contra el abuso sexual a menores”.

En el marco de la iniciativa, la organización ha recogido testimonios de personas que sufrieron abusos en su infancia y ahora visibilizan su experiencia. El director general de Save the Children, Andrés Conde, ha señalado que sus vivencias “son una muestra inequívoca de que existe una problemática arraigada en nuestra sociedad”.

Ley de protección integral

Save the Children ha reclamado que se “aceleren” los trámites del anteproyecto de la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia. Así, ha instado a que se apruebe “lo antes posible” y ha pedido el apoyo de todos los grupor parlamentarios.

La organización ha reclamado que la normativa contemple, entre otras medidas, garantizar la educación afectivo sexual en la enseñanza reglada y desde edades tempranas; que se incluya la formación sobre violencia y protección de la infancia en los currículums formativos de maestros, profesores y directores de centros educativos y que se dote a todos los colegios de un protocolo de detección y gestión de casos de violencia contra la infancia.

Del mismo modo, reclama que se cree una Fiscalía específica de violencia contra la infancia y juzgados de instrucción especializados en este tipo de violencia; que se dé prioridad a la tramitación de los procedimientos de abusos a menores y se incluya formación específica a todos los profesionales involucrados en el proceso; y que se fortalezcan y amplíen los recursos autonómicos de tratamiento y atención especializados y sean públicos y gratuitos, y que los plazos de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad se activen cuando la víctima cumpla 30 años.