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Ecologistas rechazan la extracción de arenas del fondo marino para reconstruir playas: “un despilfarro cortoplacista de 1.200 millones”

Tramo de costa entre València y el cabo de la Nao; en medio, el cabo de Cullera (Fuente: Google Earth).

Varios colectivos que integran la Comisión Ciudad-Puerto, entre los cuales se encuentran Acción Ecologista-Agró, Per l'Horta, Ecologistas en Acción València y Terra Crítica, presentaron 11 alegaciones en el Proyecto de extracción de arenas en aguas profundas de València y transporte para alimentación de playas y estudio de impacto ambiental. Afirman que “los impactos ambientales y socioeconómicos derivados son inasumibles y carecen de una justificación científica fundamentada”. Es por eso que, entre otras cosas, han pedido al Ministerio para la Transición Ecológica la retirada del proyecto y la paralización de cualquier actuación “que pueda hipotecar una actuación global de largo alcance”.

Entienden que “el estado erosivo del litoral y, por lo tanto, la regresión de numerosas playas del Mediterráneo española es evidente y, a cada vez que pasa, más alarmante. La alimentación de estos espacios con arena extraída del fondo marino se ha instaurado dentro del discurso político y mediático como la única solución a este problema”. Sin embargo señalan que “los antecedentes y las evidencias científicas sugieren todo el contrario. Estamos ante unas actuaciones realmente ineficaces, cortoplacista y sin ninguna perspectiva de futuro, que requieren grandes inversiones y sacrificios dentro del tejido socioeconómico que no podemos asumir ni permitirnos en el contexto de emergencia climática en que nos encontramos”.

Para empezar mencionan “las numerosas deficiencias medioambientales detectadas en el proyecto” que pretende extraer “una ingente cantidad de arena” de los fondos marinos situados frente a Cullera y frente a la parte marina del Parque Natural de la Albufera de València, filtrarla in situ para eliminar los sedimentos más finos, y transportarla a diferentes zonas de la costa durante 10 años o más.

En este sentido, las rutas para el depósito del material alertan que “no contemplan los efectos negativos que se puedan desencadenar en zonas de la Red Natura 2000. Tampoco se han evaluado correctamente las afecciones sobre especies protegidas como la Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea), otros pájaros marinos y cetáceos presentes regularmente en la zona”.

Además aseguran que el proyecto no tiene en cuenta acuerdos internacionales como el Protocolo de Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo ni establece seguimientos a largo plazo, “tan necesarios para este tipo de megaintervenciones”.

En cuanto a los perjuicios socioeconómicos, consideran que el proyecto atenta contra la soberanía alimentaria de nuestro territorio, puesto que se admite que se destruirán algunos de los caladeros de pesca más importantes de la Cofradía de Pescadores de Cullera, quien ha estimado una reducción de sus ingresos alrededor del 50%. “Este impacto, que supondrá una herida mortal para una actividad como la pesca tradicional, al proyecto se valora como una actividad residual, que supone una clara declaración de intenciones: la costa como espacio de sol y playa, por encima de todo”.

También critican lo que consideran falta de motivación del proyecto: “la ineficacia demostrada, a través de varios informes y estudios académicos, de las aportaciones de arena en los tramos previstos como destino de los materiales de extracción”.

Así manifiestan que “a excepción de quienes toman las decisiones, por experiencia, sabemos que la arena que será depositada en las playas tendrá una duración muy reducida. Por lo tanto, queda claro que no nos oponemos a una posible regeneración de playas ‘a largo plazo’, tal como se establece de manera gratuita en la justificación ambiental del proyecto. Al contrario. Más bien rechazamos el despilfarro de más de 1.200 millones de euros con impactos ambientales inasumibles”.

Propuestas

Sobre las propuestas alternativas que se han planteado lamentan que «no han sido ni siquiera valoradas en el proyecto», a pesar de estar basadas en informes científicos, Directivas europeas y recomendaciones de organismos internacionales como las Naciones Unidas. Entre ellas destacan la movilización de los sedimentos, la retirada de infraestructuras para restablecer en la medida de lo posible las dinámicas costeras o restauración ambiental para promover Soluciones Basadas en la Natura.

Finalmente insisten que la previsión que hacen de las consecuencias e inconvenientes expuestos “está completamente subestimada, si adquirimos una visión completa de la magnitud del proyecto, puesto que se encuentra vinculado en otros muchos de aportación de arena en diferentes playas (17 por ahora), que evidentemente revertirán en sinergias negativas no evaluadas”.

Alertan que es evidente que los impactos no se pueden analizar de manera individual, y por eso pidan en primer lugar, la paralización del proceso que tendría que someterse a Evaluación Ambiental Estratégica y no a la encomendera, junto con los diferentes proyectos de regeneración de playas de los cuales ha sido separado con la tradicional técnica del “salchichonamiento”.

De acuerdo con todo esto, además piden al Ministerio para la Transición Ecológica que promueva la elaboración de un plan integral para el conjunto de las unidades geomorfológicas afectadas por problemas de erosión y daños a los ecosistemas litorales, teniendo en cuenta el nuevo paradigma global sobre el medio físico provocado por el cambio climático. También, exigen una participación ciudadana real sobre el proyecto mencionado con la consiguiente prórroga del plazo establecido en el proceso de evaluación ambiental y la apertura de un proceso amplio de consultas y debates que incluya en todos los agentes implicados.

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